El nuevo procurador general de la República, Dagoberto Aspra, ha hecho importantes anuncios relacionados con los planes de gobierno en el campo de la lucha contra la corrupción, ese mal que carcome a la administración pública casi a la vista y paciencia de quienes tienen el privilegio de gobernar la nación.
Aspra ha informado que con el apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) trabajan en un paquete legal, de reformas y de políticas públicas que será presentado primero al presidente Asfura y, posteriormente, al Congreso Nacional.
Según el anuncio, las nuevas autoridades gubernamentales se están planteando la creación de una estrategia nacional anticorrupción y facilitar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), medidas que -de aprobarse- serían aplaudidas por una ciudadanía ávida de que se den pasos en firme en la lucha contra este flagelo.
El anuncio es esperanzador luego del fracaso del gobierno anterior, que no pudo concretar su oferta electoral de instalar en el país una CICIH para investigar de manera independiente esas redes de corrupción que tanto daño han causado al país a lo largo de su historia.
Honduras no puede seguir permitiéndose que los pocos recursos con los que cuenta para hacer frente a sus problemas estructurales sean desviados y terminen en las bolsas de unos pocos.
De ahí que las aspiraciones porque en el país se emprenda una real y comprometida lucha contra la corrupción no debe plantearse como un asunto de ideologías y de partidos políticos. Debe ser el eje transversal de toda gestión gubernamental, sin importar banderas de partidos políticos, y una lucha que trascienda más allá de los cuatro años de cada administración.
