El uso de dineros públicos para campañas políticas no es nuevo, ha sido una práctica que se podría decir hasta se volvió normal en el cercano pasado, pero ello no da pie para que los actuales funcionarios continúen con tan deleznable práctica, y más, si recordamos que la lucha contra la corrupción fue una de las principales ofertas de la campaña electoral que los llevó al poder.
Por ello, ha causado indignación en la población conocer que los fondos públicos estarían siendo utilizados con el propósito de favorecer a candidatos y candidatas del partido de gobierno, según se desprende de una conversación entre la diputada del partido Libre por Copán, Isis Cuéllar, y el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, que corrió como pólvora en las redes sociales.
Las reacciones no se han hecho esperar y han venido desde la presidenta Castro, que instruyó al Tribunal Superior de Cuentas a investigar el caso en el menor tiempo posible y a la Secretaría de Transparencia a presentar un informe en una cadena nacional en un plazo de 72 horas, hasta el anuncio de la Fiscalía de que ha ordenado, por igual, investigar la denuncia.
Si bien Cuéllar y Cardona han salido a defenderse y asegurar que todo lo actuado está enmarcado en las leyes de la República, lo cierto es que el país demanda de una investigación profunda, que lleve al castigo de los responsables, y que esas investigaciones no tengan como propósito limpiar la cara de los involucrados y negar la comisión de un delito.
Lo que la ciudadanía quiere en este caso es saber la verdad, que se castigue a los responsables, que la impunidad no prevalezca una vez más en este tipo de denuncias, y que la lucha contra la corrupción y los corruptos no sea más un tema de campaña electoral, sino una política de Estado encaminada a frenar estas prácticas que afectan a toda la sociedad, pero con especial énfasis a los grupos más vulnerables y desfavorecidos, que son quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias del desvío de fondos y la falta de transparencia en la ejecución de los presupuestos públicos.
