Los abusos de los funcionarios públicos en Honduras no son una novedad, y más bien, parecen haberse normalizado con el paso del tiempo, sin que los responsables de estos sean juzgados y debidamente castigados cuando sus actos conllevan responsabilidades, sean civiles o penales.
Es así que en cada cambio de gobierno nos enteramos -en algunos casos con sorpresa- de los actos reñidos con la ley que cometen empleados a todos los niveles cuando se acerca la hora de dejar sus cargos en la administración pública. Es así que en el mes que lleva la nueva administración hondureña han salido a la luz varios de estos hechos, ejecutados, por ejemplo, por los principales cargos administrativos de la Secretaría de Salud, Educación y la Cancillería de la República.
Entre las denuncias destacan la autoasignación de plazas, pago de jugosos viáticos y reformas a un reglamento para otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios, incluso, a sus cónyuges.
Desde las páginas de Diario EL HERALDO y La Prensa también se evidenciaron los abusos del diputado de Libre, Edgardo Casaña, quien en la administración de su partido fue beneficiado con salarios de una plaza docente y una jefatura educativa que no existía en su departamento de Santa Bárbara, y una Dirección Distrital en Tegucigalpa. En su defensa, el aún congresista dice no haber cometido ningún delito y haber actuado conforme lo estipula la Constitución.
Sin embargo, cada uno de este tipo de abusos representa un desafío para los administradores del Estado, obligados a investigar cada denuncia; un paso necesario para comenzar a frenar este tipo de actos de corrupción que impactan directamente los presupuestos públicos y la atención de los problemas estructurales que agobian a la población.
