La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) publicó un informe en el que señala que 556 excandidatos a cargos de elección popular omitieron rendir cuentas de sus gastos de campaña en las elecciones generales de noviembre de 2025, tal como lo manda la legislación electoral vigente.
El informe confirma la aplicación de sanciones, incluidas fuertes multas, a los políticos de los distintos partidos y niveles electivos que no presentaron su rendición de cuentas, pese a los plazos de extensión otorgados. Sanciones que aplican a 14 aspirantes que resultaron electos como diputados y alcaldes.
En la lista resalta el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a quien le impusieron una multa de 146.4 millones de lempiras por las inconsistencias detectadas en sus informes de campaña. En el caso de Nasralla, la auditoría documental detectó que no se reportaron 21 aportaciones privadas que superaban el techo de 120 salarios mínimos que establece la legislación vigente, las cuales sumaban un monto de 73.2 millones de lempiras.
Nasralla denuncia que es víctima de persecución política y que con este informe lo que buscan es inhabilitarlo para que no pueda participar en las elecciones de 2029.
Los resultados del informe han generado opiniones encontradas entre quienes defienden el accionar de los comisionados de la Unidad de Política Limpia y los señalados, que lo cuestionan. Las leyes se hicieron para cumplirse y son los políticos, quienes aspiran a dirigir las riendas del Estado, los llamados a cumplir sus preceptos antes de cuestionarlos.
La institucionalidad debe funcionar en todos los campos; es el camino correcto para garantizar un Estado de derecho.
En una democracia sana, la ley se respeta, no se negocia. Velar por su cumplimiento estricto y sin excepciones es el único camino para resguardar la transparencia, la institucionalidad y la paz social.
