En una acción calificada por algunos como “magistral” -por su astucia política- y por otros como una “sinvergüenzada”, la exministra de Salud, Carla Paredes, se aseguró una plaza en la administración pública apenas cuatro meses antes de finalizar su gestión.
El beneficio consiste en una posición como médico de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario de 105,201.92 lempiras mensuales; una cifra que contrasta drásticamente con los 36,000 lempiras que devengan, en promedio, sus colegas en puestos similares.
Vale recordar que Paredes se convirtió en una de la más cercanas colaboradoras de la mandataria hondureña tras asumir la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, en reemplazo de José Manuel Matheu, quien llegó a ocupar el cargo como parte de la alianza que hiciera el partido Libre con el candidato presidencial del PSH, Salvador Nasralla, que los llevó a la primera magistratura del país en noviembre de 2021.
Con el nombramiento de Paredes, se dijo entonces, se buscaba dar un “nuevo impulso” a la gestión del sistema sanitario, incluso, en el último tramo de esa administración se le nombró como presidenta de una comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tales objetivos, a la luz de la situación precaria que se vive en los hospitales del Estado, incluyendo el IHSS, no se alcanzaron.
Su administración será recordada más por la falta de medicamentos, equipos quirúrgicos obsoletos y cirugías postergadas, que por soluciones concretas, y por una gestión con un estilo confrontativo, que la llevó hasta a calificar de “ignorantes”, “imbéciles” y “extorsionadores” a los médicos, los trabajadores del sector y a sus críticos.
El doctor Matheu no dudó en calificar como un “abuso de autoridad” y una “acción ilegal” al autoasignarse un puesto sin someterse a los concursos de ley.
El Ministerio Público tiene ahora el deber de abrir una línea de investigación rigurosa. El propósito debe ser claro: castigar estos actos si se comprueba que fueron cometidos al margen de la legalidad y sentar un precedente que impida que este tipo de abusos siga registrándose en la administración pública.
