El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha sorprendido con el anuncio de que solicitarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el día de las elecciones, el 30 de noviembre, le compartan a la institución castrense “el acceso a y la copia del acta presidencial de la Junta Receptora de Votos, que es el acta que, según su lectura de la Constitución, interesa a las Fuerzas Armadas para verificar la contabilización final de la elección presidencial y garantizar el libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República”.
Nada más halado de los cabellos. Una solicitud además de inoportuna, inconstitucional, coinciden abogados constitucionalistas, diputados, miembros de la sociedad civil y la misma presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien escribió en sus redes sociales que tras escuchar el planteamiento del jefe castrense, expuesto en una reunión de trabajo realizada la semana anterior, le ilustró “sobre aspectos jurídicos constitucionales (...) de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial”.
Hernández parece desconocer que las Fuerzas Armadas tienen claramente establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República su rol en los procesos electorales: “garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”, y que en ninguno de los enunciados de este artículo se dice que los militares pueden tener acceso a los resultados de los escrutinios, pues esta es una responsabilidad única del CNE.
Con estos planteamientos, el jefe castrense solo suma ingredientes al ya cuestionado papel de la institución y al convulsionado ambiente electoral, e incrementa la incertidumbre sobre la transparencia del proceso. La sociedad solo demanda que su papel se ciña a lo que manda la Constitución. Nada más
