Los dineros de la Tasa de Seguridad Poblacional siguen dando de qué hablar, dado el manejo opaco de los millones de lempiras recaudados y los escasos impactos en relación con los objetivos de su creación.
El informe “El Tasón de Seguridad 2025”, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), trae nuevamente a la palestra pública la gestión de estos fondos al revelar que una gran parte de los recursos en la administración de la presidenta Castro se destinó a gastos operativos básicos.
El pago de bonos de alimentación para la Policía Nacional y el alquiler de vehículos han primado sobre la inversión en fortalecer la seguridad ciudadana y el combate frontal a la criminalidad, como manda su ley de creación.
Según el estudio, tan solo el año pasado la Secretaría de Seguridad destinó 1,926.6 millones de lempiras al pago de un bono mensual de alimentación para los agentes, en detrimento de medidas estratégicas contra la creciente ola de extorsión que asfixia a la población. Asimismo, otros 1,242.4 millones de lempiras se utilizaron en el alquiler de vehículos para patrullas y uso de altos funcionarios.
Resulta alarmante que, si bien la ley ordena distribuir los recursos entre todos los operadores de justicia, el año pasado no se asignó ni un solo lempira al Ministerio Público.
Este impuesto ha sido cuestionado desde su origen en 2011 por su falta de transparencia; y aunque la “ley de secretos” -en la que se ampararon algunos gobiernos para no dar detalle de la administración- fue abolida, esto no ha garantizado que la ciudadanía conozca con claridad el uso de cada centavo.
A las puertas de un nuevo ciclo de gobierno, crece el clamor social por una auditoría integral de estos fondos que, a todas luces, no han cumplido su misión de frenar la violencia y la delincuencia que siguen golpeando con fuerza al país.
