El drama del desplazamiento forzado quedó evidenciado el fin de semana cuando miembros de al menos 15 familias residentes en la colonia Villa Nueva, en el oriente de la capital, se vieron obligados a salir de sus hogares cargando sus enseres a cuestas, a la vista de sus vecinos e incluso de agentes policiales. Según se informó, los pobladores fueron obligados a abandonar sus viviendas por miembros de pandillas.
No es la primera vez que esto sucede. Años atrás se conoció el caso de otras familias que también fueron forzadas a dejar sus casas. En San Pedro Sula y otras regiones del país se han presentado denuncias similares.
No es nada nuevo. Se ha normalizado el hecho de que existen regiones, colonias y barrios bajo el control total de organizaciones criminales, a las cuales ni siquiera la Policía Nacional puede ingresar. Zonas en las que los delincuentes controlan los horarios de entrada y salida, e incluso entregan señas y contraseñas para permitir la movilización de los residentes. Los grupos criminales se han repartido la ciudad.
El pasado agosto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) calificó el desplazamiento forzado como una «crisis humana» que Honduras no puede seguir invisibilizando, señalando que detrás de cada estadística hay familias que lo dejaron todo para salvar sus vidas.
Lo sucedido en la colonia Villa Nueva solo nos recuerda la gravedad de una de las aristas más dramáticas y desatendidas de la violencia.
Por lo tanto, es urgente definir políticas públicas integrales para hacer frente a esta problemática; políticas estatales que trasciendan los cuatro años de una administración de gobierno. No se puede continuar cambiando de planes con cada gestión, pues esto solo favorece a las estructuras criminales.
