La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, señaló recientemente que en Honduras miles de familias se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección; una situación que se traduce en una “crisis humana” que convoca a actuar con urgencia tanto a las autoridades del Estado como a la población.
El organismo informó que en la última década ha atendido 95,850 quejas de personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado en el territorio nacional. Esta cifra no debe verse como una estadística más de las tantas que circulan en el país para dimensionar los problemas que golpean a la ciudadanía.
En este caso, se trata de personas -y con ellas, sus familias- obligadas a huir para salvar sus vidas y a reiniciar su camino prácticamente desde cero, tras haber dejado atrás sus hogares y bienes, lo que profundiza su vulnerabilidad o las empuja a vivir en condiciones precarias.
Desgraciadamente, este es un tema del que poco se habla y que escasamente se aborda en los niveles ejecutivos del Estado. Si bien el año pasado se aprobó en Honduras la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente -lo que organismos nacionales e internacionales calificaron como una conquista histórica-, lo cierto es que la normativa ni siquiera ha sido reglamentada.
Por ello, el CONADEH ha llamado al Estado a aplicar la legislación y a asignar los presupuestos necesarios para la atención de las víctimas. Quedarse de brazos cruzados solo agudiza la crisis de miles de personas que, ante la creciente ola de violencia y la desatención estatal, no tienen más opción que abandonar sus comunidades y enfrentarse a nuevas realidades donde ven limitados sus derechos fundamentales a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y el empleo.
