Las noticias no son nada alentadoras para la economía del país y, mucho menos, para las ya deprimidas finanzas de miles de familias hondureñas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Como ya es costumbre, cada lunes entra en vigor la nueva estructura de precios de los combustibles, reflejando las oscilaciones del petróleo en el mercado internacional. Esta vez, como consecuencia de los conflictos en Medio Oriente, los incrementos representarán un fuerte golpe; no solo para los usuarios directos, sino para todas las cadenas productivas, que inevitablemente trasladarán estos costos al consumidor final.
El gobierno ha anunciado que asumirá el 50% del incremento internacional en la gasolina regular y el diésel y el gas LPG de uso doméstico. Si bien esto alivia el bolsillo, no será suficiente si no se toman medidas estrictas para evitar la especulación de precios, principalmente en los productos de la canasta básica.
Aunque existe consenso en que el Estado debe liderar con el ejemplo un plan de ahorro, la población también debe optimizar el uso de los carburantes. El impacto de esta crisis golpeará por igual a las finanzas públicas y a la economía familiar.
Sobre la mesa están varias propuestas que conviene analizar: la regulación del tráfico vehicular -especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los congestionamientos disparan el consumo-; el uso racional de energía que contempla la optimización de equipos eléctricos en oficinas públicas y hogares, son algunas de esas medidas que para ser efectivas, deberían ser acompañadas por la empresa privada.
La actual crisis es, además, un momento oportuno para plantear una política energética que busque la independencia y la eficiencia. Muchos países han demostrado que este objetivo es alcanzable, y Honduras cuenta con los recursos naturales necesarios para recorrer ese camino con éxito.
