El Congreso Nacional inició ayer el segundo juicio político en la historia de Honduras, esta vez contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), denunciados por supuestas infracciones constitucionales y administrativas.
Este procedimiento, establecido en la Constitución de la República y regulado por la Ley Especial del Juicio Político, tiene como fin investigar y, de ser necesario, destituir a altos funcionarios del Estado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Estos procesos se impulsan con un objetivo primordial: evitar que el país vuelva a enfrentar la incertidumbre del pasado proceso electoral, donde la institucionalidad se vio vulnerada por funcionarios que interpretaron la legislación bajo intereses partidarios. La impunidad ante estos hechos no es la respuesta; el juicio político actúa como un control constitucional frente a los excesos del poder que atentan contra la propia norma fundamental.
A las audiencias de ayer no asistió el consejero del CNE, Marlon Ochoa, lo que no impidió la continuación de las sesiones programadas por la comisión especial de diputados que conocen las denuncias. Sí lo hizo el magistrado del TJE, Mario Morazán, quien buscó deslegitimar el procedimiento afirmando que “este no es un juicio político, este es un juicio politizado”.
Es fundamental que estos procesos se realicen estrictamente bajo el marco de la Constitución, garantizando siempre el debido proceso y los derechos de los denunciados. Posteriormente, deberán ser los operadores de justicia quienes actúen -si así procede- contra aquellos que hayan cometido delitos que ameriten ser juzgados en tribunales competentes.
Queda mucho por mejorar, pero la puerta está abierta para fiscalizar a quienes se aparten de las leyes y del bienestar del pueblo hondureño.
