La ministra de Educación, Arely Argueta, ha anunciado que en 2027 pondrá en marcha una prueba piloto de jornada escolar extendida, con el propósito de mantener a los estudiantes durante más tiempo en los centros educativos para fortalecer su formación académica y fomentar su participación en actividades complementarias.
El anuncio se produce en un contexto en el que el sistema educativo hondureño enfrenta graves dificultades tanto para incorporar estudiantes como para garantizar su permanencia en las aulas. Una investigación de Diario El Heraldo reveló que, a octubre de 2026, 25,870 estudiantes habían abandonado las aulas durante el año lectivo. A ello se suma la disminución de casi un 1% en la matrícula inicial entre 2025 y 2026. La pobreza y la inseguridad figuran entre los factores que pueden contribuir a esta problemática, junto con otras barreras económicas y sociales.
A este panorama se suman las precarias condiciones laborales del personal docente, las limitaciones pedagógicas y las deficiencias de la infraestructura escolar, factores que sin duda condicionan cualquier intento de ampliar el tiempo de permanencia de los alumnos en los centros educativos. La idea de extender la jornada escolar por tres horas, las que de más está decir ya ejecutan varias instituciones educativas privadas, no debe desecharse de una vez, pero si demanda de un mayor análisis que involucre a todos los sectores sociales, porque en las condiciones actuales de nuestro sistema de enseñanza no se trata únicamente de prolongar el horario, sino de asegurar espacios adecuados, alimentación, personal suficiente, recursos pedagógicos y una remuneración acorde con las responsabilidades adicionales que pudieran asumirse.
Cualquier decisión por tomar debe tener en el centro de atención el respeto irrestricto de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes a una educación de calidad.
