Los miembros y expresidentes del Grupo Libertad y Democracia han expresado en una carta pública su “profunda preocupación ante los hechos recientes en Honduras, donde vemos el ataque sistemático a las instituciones electorales y donde observamos un patrón peligroso que se repite en varios países de la región: el uso político de la justicia para intimidar a las autoridades electorales y a la oposición democrática”.
En su carta señalaban que la persecución contra la consejera electoral Cossette López evidencia cómo algunos gobiernos buscan capturar las instituciones y manipular los procesos electorales para perpetuarse en el poder, una preocupación que no ha pasado desapercibida en varios sectores sociales y políticos del ámbito local.
Cuando los expresidentes hicieron pública su posición no se conocía la acción emprendida la noche del pasado lunes por el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando el antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez por el delito de prevaricato judicial, tras decidir en una sesión del pleno sobre la inscripción de dos candidatos a diputados, uno por Olancho y otro por el departamento de Valle, acción que ha encendido las alarmas y añadido un ingrediente más al ya agitado ambiente preelectoral por estar, según dijo el magistrado Flores, ante un claro intento de “asaltar y dar un golpe a las instituciones electorales”.
El respeto a la institucionalidad electoral es primordial en estos momentos en los que la ciudadanía clama por elecciones transparentes en las que se respete el voto y cuestiona abiertamente cualquier manipulación de las leyes, las instituciones del Estado y de la justicia para buscar favorecer a un grupo político en particular.
Hasta el 30 de noviembre, el objetivo es único: llamar a hacer uso del arma más poderosa que cada hondureño tiene en sus manos en defensa de la democracia, el voto.
