La extorsión es una de las manifestaciones más crueles de la ola de violencia que desde hace años ataca a la población hondureña. Miles de personas -en las zonas urbanas y rurales- son víctimas de los extorsionadores que día a día presionan por el pago del mal llamado “impuesto de guerra” a pequeños, medianos y grandes empresarios, pulperos, transportistas, incluso a moradores de colonias tomadas por las bandas criminales que actúan impunemente.
Es una delito que sigue en crecimiento a pesar de las políticas de persecución impulsadas desde el gobierno, como el estado de excepción que se extendió a lo largo de los cuatro años del gobierno del partido Libertad y Refundación.
Uno de los gremios más golpeados ha sido el del transporte. Dirigentes del sector dicen pagar millonarias cantidades anuales. Pero más grave, reportan la muerte, solo en 2026, de 25 trabajadores ligados al rubro. El último, el joven asesinado ayer en un bus de la ruta urbana en Comayagüela.
EL HERALDO Plus evidenció en su edición impresa de ayer una de las aristas más graves de esta problemática: la impunidad, marcada por los bajos niveles de investigación y sentencias condenatorias por el delito de extorsión en el Poder judicial.
Señalan que entre 2022 y 2025, la Policía Nacional registró 7,654 capturas por el delito de extorsión, mientras que el Poder Judicial contabilizó 1,180 resoluciones condenatorias relacionadas con ese ilícito. El contraste entre ambas estadísticas oficiales muestra que el sistema judicial emitió una condena por cada siete capturas reportadas por las autoridades.
Esta abismal brecha entre las capturas y las condenas desborda la ineficacia estatal y desnuda el verdadero motor de la extorsión en Honduras: la impunidad.Mientras la justicia siga siendo la gran ausente en esta batalla, la población hondureña continúa perdiendo.
