La denuncia sobre los frijoles en mal estado en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) ha acaparado el debate público en los últimos días. El caso no solo evidencia la negligencia de los funcionarios en el manejo del producto y un grave golpe a la economía estatal, sino algo mucho más sensible: un impacto directo en la seguridad alimentaria de la población más vulnerable.
Esta pérdida ocurre en un contexto crítico. El frijol es el pilar de la canasta básica en Honduras; sin embargo, los altos precios en los mercados locales y la amenaza de una reducción sustancial en la cosecha de este año -debido a condiciones climáticas adversas- amenazan con convertirlo en un alimento inalcanzable.
Las autoridades confirmaron la pérdida de aproximadamente 44,000 quintales de frijol adquiridos en Nicaragua durante 2023, con una inversión superior a los 85 millones de lempiras. Evaluaciones técnicas de la Universidad Zamorano y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) señalaron que el producto correspondía a cosechas de 2023, 2024 y 2025.
El impacto trasciende lo monetario. Honduras consume un promedio de 217,000 quintales de frijol al mes. Se ha conocido que la reserva perdida representaba el único respaldo sólido del Estado para enfrentar el fenómeno de “El Niño”, que amenaza con una canícula de 50 días.
Ante esta situación, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas ya realizan auditorías forenses e investigaciones para deducir responsabilidades penales y administrativas. Las investigaciones deben esclarecer lo sucedido y castigar con rigor a los responsables. Honduras, un país donde millones de personas viven en condiciones de pobreza y llevar frijoles a la mesa se está volviendo un lujo, no puede permitirse funcionarios irresponsables que, por negligencia o desconocimiento, dejen perder recursos vitales para la supervivencia del pueblo.
