El inicio de la gestión administrativa del nuevo ministro de Educación, Darío Cruz, no ha sido el mejor. Su llegada ha estado marcada por denuncias de ocupar dos plazas por las que, en conjunto, devengaba 43,400 lempiras en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, centro que cerró en 2014.
Los periodistas solicitaron, sin éxito, los documentos que acreditaran el cumplimiento de sus labores; una falta de respuesta nada sorprendente entre quienes asumen el poder y enfrentan este tipo de cuestionamientos.
El nuevo funcionario -quien también percibía un salario de 106,000 lempiras mensuales como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán- afirmó estar abierto a cualquier investigación “por parte de los órganos contralores del Estado, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o de cualquier otra ONG”.
No ha negado contar con la plaza, aunque dice estar “de acuerdo con el Estatuto del Docente” y que “miles de docentes” están asignados a otros institutos, pero que “desde la Secretaría” se ha sido incapaz de legalizar el traslado, una gestión que debería impulsar en su administración).
Recordamos que recientemente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) evidenció el desorden administrativo en Educación. El nuevo ministro aseguró que ordenará investigar la denuncia de la ASJ y que solicitará formalmente que se indague su propio caso, pero también debería aclarar su situación personal, con papeles en mano, para disipar cualquier duda generada tras la denuncia.
Ordenar la administración de instituciones vitales como la Secretaría de Educación es urgente. Los fondos de la educación pública deben manejarse con manos limpias. Es prioritario poner un freno y sancionar a quienes, amparados en interpretaciones antojadizas de leyes como el Estatuto del Docente, han buscado su beneficio personal.
