Tras los recientes comunicados e informaciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para países cuya designación fue cancelada -entre ellos Honduras-, la comunidad hondureña en el exterior se enfrenta nuevamente a un panorama de incertidumbre.
Si bien, la pérdida o cancelación del TPS representa la finalización de un alivio temporal, no implica que todas las personas afectadas serán deportadas automáticamente, ya que las consecuencias migratorias dependen de las circunstancias particulares de cada persona.
De ahí que los expertos en temas de inmigración recomienden que cada uno de los beneficiarios del TPS analicen sus casos pues cuentan con posibilidades legales para ajustar su estatus de manera permanente -por medio de peticiones familiares, patrocinios laborales o protecciones humanitarias- o para presentar defensas formales ante cortes de inmigración dentro de un debido proceso.
Por otra parte, es importante que el debate nacional en Honduras no se enfrasque en acusaciones políticas sobre qué administración fue responsable de su fin, sino en cómo el Estado hondureño responderá de manera integral a la nueva realidad de sus ciudadanos.
Si bien la Cancillería y la red consular deben continuar fortaleciendo la asesoría legal individualizada y especializada en EE. UU., en el ámbito interno es urgente consolidar políticas públicas orientadas a la reinserción social y económica de quienes decidan o se vean obligados a retornar.
El verdadero compromiso con nuestros compatriotas pasa por construir un país que no los obligue a emigrar para buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
