Las unidades investigativas de EL HERALDO y La Prensa evidenciaron esta semana, en amplios reportajes, el negocio de al menos dos clínicas que operan en Honduras ofreciendo servicios médicos de “alta calidad” y costosos tratamientos de dudosa eficacia. Las empresas -que hasta antes de las denuncias públicas de nuestros rotativos funcionaban a la vista y paciencia de las autoridades- captaban a sus clientes bajo engaños, llevándolos, incluso, a la firma de onerosos contratos.
Ha quedado en evidencia que son grupos que actúan de forma sofisticada, fingiendo contar con equipos de última generación, centros de llamadas y personal calificado, cuando en realidad se trata de viles estafadores; hombres y mujeres sin escrúpulos que serían miembros de redes de corrupción con ramificaciones en otros países, como Colombia.
El de las estafas de este tipo no solo se han evidenciado en el sector de la salud. Hay muchos más ejemplos. En el campo financiero, por ejemplo, están frescas las denuncias de la estafa de Koriun a más de 38,000 inversionistas en el sector de Choloma, Cortés, y de Horizonline Investment Group (HLV), firma que estaría ofreciendo a sus “inversionistas” elevadas ganancias en tiempo récord a cambio de depósitos de dinero. Aunque bajo modalidades diferentes, han sido públicas las alertas en otras áreas como la educación.
Se alaba la reacción del Ministerio Público, que a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor y la ATIC ha actuado diligentemente, haciendo valer su papel de protector de la sociedad e iniciando casi de inmediato las investigaciones.
Se debe llegar hasta el final con las indagaciones y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. El país no puede seguir siendo tierra fértil para el engaño y la impunidad; proteger a los ciudadanos y desmantelar estas redes es una obligación impostergable de la justicia.
