Si bien la declaratoria de la elección presidencial el pasado 24 de diciembre trajo al país una relativa calma en medio del convulsionado proceso de conteo especial de las actas presidenciales para definir al ganador de la contienda del 30 de noviembre, se debe concluir con celeridad el mismo proceso correspondiente para los niveles electivos de diputados al Congreso Nacional y las corporaciones municipales.
Es responsabilidad de la clase política asegurar que ese proceso concluirá tal y cual está establecido en la legislación hondureña, más allá de los intereses partidistas, principalmente de aquellos que todavía se niegan a reconocer la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas.
El llamarse a sí mismo respetuosos de la democracia y del mandato popular va más allá de un simple discurso, pasa, precisamente, por reconocer con gallardía que el soberano no les confió en las urnas a unos, mantenerse en el poder, y a otros, acceder a manejar las riendas del Estado por cuatro años más.
El pueblo hondureño ya cumplió con su deber al asistir ordenada y pacíficamente a las urnas. El Consejo Nacional Electoral debe continuar asegurando que esa voluntad será respetada.
Entre tanto, los políticos que resulten electos en todos los niveles y principalmente las cúpulas de sus partidos deben asegurar que su trabajo estará orientado a emprender acciones y soluciones a cada uno de los problemas que le agobian.
Para lograrlo se requiere de la inclusión en ese proceso de todas las fuerzas políticas ganadoras y representadas en todos los niveles electivos. Ese es el mandato del pueblo hondureño a la luz de los resultados electorales.
La declaratoria oficial en los tres niveles electivos debe cumplirse en el plazo establecido por la ley y el país avanzar hacia la transición de un nuevo gobierno para los próximos cuatro años
