La sociedad hondureña ve con buenos ojos y aplaude la posición del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio, en defensa de la democracia hondureña.
Valerio en las últimas horas ha sido categórico en lo que respecta a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y su papel de garantes de la alternabilidad en el ejercicio del poder, dejando, además, claramente establecido su respeto a la institucionalidad electoral, tal cual lo manda la Constitución de la República.
El máximo jefe castrense ha sido claro: “Continuamos apoyando la declaratoria de elecciones (...), somos garantes de la ley. El próximo 27 de enero habrá nuevo presidente”. “Nosotros simplemente cumplimos con lo que mandan los organismos competentes (el CNE y el TJE)”.
Sus declaraciones generan tranquilidad y sosiego en medio de la convulsión generada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en una sesión con los diputados propietarios y suplentes del partido Libre aprobó un decreto legislativo, a todas luces ilegal, en el que, tras desconocer las declaratorias debidamente emitidas por la autoridad electoral, pretende un nuevo escrutinio de votos, una decisión que no le compete y está por sobre las facultades que le manda la legislación nacional.
“Las Fuerzas Armadas se instituyeron para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que vamos a cumplir”, ha expresado, dejando con ello claramente establecido su respeto a la institución que dirige tras el oscuro período de su antecesor, Roosevelt Hernández, que más actuó como un activista del partido gobernante, del que ahora es parte como miembro de su gabinete de Gobierno.
El respeto a la Constitución y a las leyes es el cimiento sobre el cual se construye una convivencia pacífica y justa. En una democracia, esto no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético que garantiza que el poder no se convierta en abuso
