Desde el pasado 26 de mayo, Tegucigalpa se encuentra en emergencia hídrica por 90 días debido al bajo nivel de las represas que abastecen de agua a la capital hondureña. “La situación es crítica”, afirmó el alcalde Juan Diego Zelaya, quien compartió que la represa Los Laureles registra un nivel del 43.03%, mientras que La Concepción se encuentra en un alarmante 34.78%.
Más allá de las cifras, los capitalinos sufren desde hace varias semanas severos racionamientos del vital líquido en las zonas que reciben el servicio a través de la red de distribución. Sin embargo, la situación se vuelve aún más crítica en los barrios y colonias localizados en las partes altas de la ciudad y en los cerros que la rodean, donde sus habitantes se ven obligados a comprar el agua a precios exorbitantes para sus golpeadas economías.
Si bien ayer llovió en Tegucigalpa, las autoridades municipales advierten que las condiciones de desabastecimiento se mantendrán por varias semanas.
Lo cierto es que la escasez de agua en la ciudad no es nueva y nunca ha sido atendida con la rigurosidad que demanda la problemática. Han sido varios los gobiernos y administraciones municipales que ofrecieron en sus campañas la construcción de nuevas represas que jamás se concretaron.
La administración anterior inició la construcción de la represa San José, pero la descontinuó por problemas administrativos. Hoy, el proyecto ha sido retomado y se espera que esté concluido el próximo año; esta obra no será la solución definitiva, pero sí un importante paliativo. Pero el verano no espera.
Mientras ese proyecto se concluye, la actual corporación municipal debe ir más allá de las multas por desperdicio: es urgente un control estricto sobre las fugas en la red de distribución y el combate frontal a las conexiones clandestinas, entre otras acciones. Y la población tiene que hacer su parte, asumiendo una estricta cultura del ahorro.
