La clase política hondureña debate actualmente sobre la aplicación del juicio político a funcionarios públicos que con sus actuaciones pusieron en precario la democracia en el proceso electoral que concluyó en noviembre del año pasado.
Hay que recordar que esta figura jurídica tiene su génesis en el informe “Para que los hechos no se repitan” de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la cual investigó los sucesos del 28 de junio de 2009. Dicha comisión recomendó su creación para evitar que, ante una crisis de gobernabilidad o una falta grave por parte del Ejecutivo u otros altos funcionarios, se recurriera a las Fuerzas Armadas o a interpretaciones ambiguas de la ley.
Desde su inclusión en la Constitución en 2012, se han promovido al menos cuatro iniciativas; sin embargo, ninguna alcanzó la etapa de destitución debido a la falta de consensos para lograr la mayoría calificada de 86 votos en el pleno.
Este año, la activación de este mecanismo parece inminente en el Congreso Nacional. Se estima que ya existiría el apoyo necesario para someter a juicio a por lo menos cuatro funcionarios, entre ellos el actual consejero del CNE, Marlon Ochoa, por acusaciones relacionadas con el desempeño de su cargo y presuntos perjuicios a la Constitución, las leyes electorales y el sistema democrático. El camino queda así abierto para otros funcionarios que desempeñaron roles cuestionables en contra de la institucionalidad.
De ejecutarse, el proceso debe garantizar transparencia y un estricto apego a la normativa vigente, asegurando el derecho a la debida defensa de los involucrados. En el juego democrático, esta herramienta no tiene por qué ser satanizada: si está integrada en la Carta Magna, es para ser empleada en los casos que legalmente proceda.
Es un proceso que no debe convertirse en un espectáculo mediático. Exige que cada legislador, al momento de votar, lo haga con los intereses de la patria como bandera, dejando de lado las consignas particulares de sus partidos políticos
