Tegucigalpa, Honduras.- En medio de protestas, silbatinas y un ambiente de alta tensión, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de este lunes la admisión de la denuncia para iniciar un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya.
La decisión fue tomada alrededor de las 9:30 de la noche, luego de que la Junta Directiva diera lectura a la moción en el hemiciclo, en medio de interrupciones por parte de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes manifestaron su rechazo al proceso.
La aprobación del juicio político se logró con el respaldo de 41 votos del Partido Liberal de Honduras, 49 del Partido Nacional de Honduras, además de 2 votos del PINU y 1 de la Democracia Cristiana, alcanzando la mayoría requerida para dar trámite a la denuncia.
Con esta decisión, el Congreso Nacional activa formalmente el proceso legislativo que busca determinar responsabilidades políticas en el desempeño del titular del Ministerio Público.
La sesión legislativa estuvo marcada por retrasos y un ambiente polarizado, con consignas, gritos y protestas de la bancada oficialista, que cuestionó la legalidad y motivación del juicio político.
Pese a ello, la moción de “denuncia grave en el desempeño del cargo” fue sometida a votación y aprobada por el pleno.
Tras la admisión de la denuncia, el procedimiento contempla la suspensión inmediata del funcionario de su cargo y la conformación de una comisión especial encargada de investigar los hechos señalados.
Posteriormente, el Congreso deberá conocer un informe y someter a votación final la continuidad o destitución del fiscal general.
Desde sectores de oposición se destacó que los votos de distintas bancadas fueron determinantes para alcanzar la mayoría calificada, mientras que desde Libre se reiteraron señalamientos de persecución política.
En paralelo, diputados liberales confirmaron que preparan nuevas denuncias de juicio político contra otros funcionarios, entre ellos el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando; y el consejero electoral Marlon Ochoa.
Con la aprobación de esta denuncia, el Congreso Nacional inicia una nueva etapa en el proceso de juicio político, en medio de un escenario de confrontación política.