La detención en Estados Unidos de la excónsul Ada Evila Serrano Núñez junto a otras tres personas -incluidos dos de sus hijos- enciende las alarmas en Honduras sobre el funcionamiento del servicio exterior.
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la exfuncionaria fue arrestada por agentes federales debido a su presunta participación en una red de sobornos y lavado de activos.
Enfrenta tres cargos federales: conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), violación directa de dicha normativa y conspiración para el lavado de dinero. Lo más alarmante del caso es que el Estado hondureño nunca detectó el esquema ilícito que operaba bajo su propia bandera.
Tuvieron que ser las agencias estadounidenses las que desarticularan una red que, según las investigaciones, habría generado ganancias ilícitas de hasta 10 millones de lempiras. Las irregularidades en las sedes consulares -con especial énfasis en Estados Unidos- no son un fenómeno nuevo.
Durante años, las denuncias de los migrantes han caído en el vacío ante la falta de auditorías reales y mecanismos de seguimiento por parte de los distintos gobiernos.
Hoy, la exigencia ciudadana es doble. Primero, que las actuales autoridades investiguen cada señalamiento con todo el peso de la ley. Segundo, que se reforme de raíz el sistema de selección del cuerpo diplomático en todo el mundo.
Es imperativo erradicar el compadrazgo y el padrinazgo político, y dejar de concebir los consulados como refugios de privilegio para allegados al poder, a costa del bolsillo y la dignidad de los migrantes.
El combate a la corrupción no puede seguir siendo una simple promesa de campaña; debe convertirse en una política de Estado permanente para desmantelar las redes que operan tanto en el servicio exterior como en el resto de la administración pública.
Quienes traicionan la función pública, sin importar su afiliación partidaria, deben enfrentar la justicia y jamás encontrar amparo en el manto de la impunidad.