En medio de la escalada de violencia en contra de la prensa y los periodistas en Honduras, dos comunicadores sociales fueron asesinados en hechos separados en el país, mientras que el periodista Gustavo Bustillo, corresponsal de Televicentro en La Ceiba, denunció haber sido objeto de intimidación por un sujeto que se transportaba en una motocicleta y estaba armado con una 9mm, mientras él realizaba su trabajo en aquella ciudad.
Carlos Gilberto Aguirre era locutor de una radio en Juticalpa, Olancho, donde fue asesinado a puñaladas, según el informe forense.
A Javier Hércules, quien laboraba para el canal televisivo A Todo Noticias (ATN), en Santa Rosa de Copán, y trabajaba como taxista y era beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras desde el año 2023, lo acribillaron a disparos en Santa Rosa de Copán.
Si bien Hércules fue secuestrado y amenazado por su labor periodística antes de ser asesinado, el ministro de Derechos Humanos, Héctor Longino Becerra, dijo que el nivel de riesgo de vida del comunicador “no ameritaba escoltas”, aunque tampoco se le proporcionaron otras medidas de seguridad, según denuncias de familiares y colegas.
Desde 2021 a la fecha, Honduras registra más de un centenar de asesinatos de periodistas, los que en más del 90% están impunes.
Hace unos días desde los canales de comunicación oficiales de las Fuerzas Armadas se acusó a tres reconocidos profesionales de “sicarios de la verdad”, lo que vulnera a todas luces su seguridad personal y el derecho a la libertad de expresión e información consignado en la Constitución de la República y tratados internacionales.
Las amenazas, las agresiones, el hostigamiento, la intimidación, las demandas y querellas judiciales, el asesinato de periodistas son actos deleznables que deben ser investigados y castigados en el marco de las leyes de la República, pues no debemos olvidar que la libertad de expresión e información son pilares que garantizan la transparencia, la participación y la justicia en una sociedad democrática.
