Honduras enfrenta, desde hace años, una verdadera pandemia: los accidentes de tránsito, realidad ante la cual prevalece una preocupante indiferencia tanto de las autoridades como de una sociedad que parece haber normalizado estos eventos en los que, según estadísticas oficiales, cinco personas pierdan la vida diariamente.
Solo entre el 1 de enero y el 28 de abril, el país contabilizó 5,257 percances viales que resultaron en 602 muertes, de acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Estas cifras confirman una tragedia cotidiana de eventos que, en su gran mayoría, son prevenibles.
Una arista invisible, pero devastadora, es el perfil de las víctimas: hombres y mujeres entre los 18 y 39 años en la plenitud de sus vidas. Estudiantes, trabajadores, hijos, padres, madres que en muchos casos son el sustento de sus hogares que dejan tras de sí un vacío humano y económico irreparable.
De esta crisis todos somos responsables, ya sea por acción u omisión. Sin embargo, lamentablemente, la carga principal recae en los conductores que ignoran la ley, tal cual se deduce de las principales causas de los accidentes: exceso de velocidad, consumo de alcohol, fallas mecánicas, adelantamientos imprudentes y la distracción fatal del teléfono celular.
Si bien las autoridades afirman que mitigar este problema “no es solo un trabajo institucional”, lo cierto es que el Estado tampoco cumple con su rol a cabalidad.
La presencia policial en las vías es casi nula y el mantenimiento de la red vial nacional es una tarea urgente que ha sido abandonada.
La seguridad vial depende del respeto a rajatabla de las leyes, del compromiso de cada motorista en proteger la vida propia, la de la familia y la de terceros, y de políticas públicas centradas en la educación vial, esa asignatura que, como sociedad, seguimos postergando.
