Siguiendo el mismo patrón de amenazas contra periodistas y medios de comunicación, grupos amparados en el anonimato han salido a acusar “de traficantes y mercenarios de la fe” al arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher, y al presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, ambos convocantes a la Caminata de Oración por Honduras, que se realizará en próximo sábado en más de 40 municipios en los 18 departamentos del país.
Esta ha sido la continuación de una larga y agresiva campaña en contra de los líderes religiosos, desde que ellos -en medio de la crisis que paralizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por más de un mes- anunciaron la caminata con el propósito de enviar un mensaje de unidad y esperanza al pueblo y orar por la paz, la democracia y la familia.
La campaña ha tenido el propósito de desmotivar a la comunidad cristiana a realizar una manifestación que está enmarcada y avalada por la misma Constitución de la República que en su artículo 79 establece que “toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”.
Los líderes religiosos han sido claros que la caminata no tiene intenciones de favorecer a los grupos políticos en la carrera electoral, pero sí, solicitar que ese proceso sea transparente y se garantice la participación de la ciudadanía, sin ninguna cortapisa y se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
El que las personas pueden ejercer sus derechos de forma libre y segura, como la libertad de asociación, de reunión pacífica, de expresión y de acceso a la información, fortalece la democracia, nunca la debilita.
Demandar un proceso electoral justo, transparente y confiable no debe ser visto como una amenaza para nadie. Tampoco el orar por la paz y la democracia en la patria.
