La violencia y la extorsión han repuntado en las últimas semanas en Honduras, lo que obliga a las autoridades competentes a implementar medidas urgentes que les permitan enfrentar con éxito esta escalada. Este repunte deja, en muchos casos, luto y dolor en los hogares de las víctimas de ambos flagelos, dos delitos que tienen de rodillas a la sociedad hondureña.
Dirigentes del transporte informaban ayer que las empresas que cubren las rutas urbanas e interurbanas siguen pagando millones de lempiras a los diferentes grupos de extorsionadores que los amenazan a diario si no cumplen con sus demandas, a pesar de los millonarios recursos que los diferentes gobiernos destinan al rubro de la seguridad.
Ya son 19 los conductores asesinados y la impunidad sigue siendo alta, lamentan los dirigentes del rubro, quienes claman por políticas de seguridad más contundentes.
Pero los transportistas no son los únicos que están de rodillas frente a los extorsionadores; también los comerciantes, las pequeñas empresas y hasta las tortilleras denuncian ser víctimas de estos delitos.
El Congreso Nacional aprobó la semana anterior reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que endurecen las penas para los cabecillas y miembros de grupos criminales, castigan con mayor severidad la extorsión y amplían el alcance del delito de terrorismo.
Las reformas son necesarias, pero se requieren medidas alternas que aseguren que la lucha será efectiva; entre ellas, la permanente depuración de los organismos policiales, la fiel aplicación de las leyes y el combate constante contra la corrupción.
El ministro de Seguridad reconoció ayer que el proceso de reforma en seguridad es complejo y requiere un enfoque estructural. Dijo que trabajan en la estructuración de un plan basado en las realidad nacional.
El pueblo espera que ese plan esté en vigencia a la mayor brevedad.
