El Consejo de Seguridad y Defensa se ha reunido para definir las políticas en materia de seguridad del presente gobierno, liderado por el nacionalista Nasry Asfura.
Según el informe, en la cita -convocada por el presidente Asfura- participaron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Wagner Vallecillo Paredes, y el fiscal general, Pablo Reyes. El objetivo central fue definir estrategias que permitan proteger la vida, la libertad y el patrimonio de la población.La seguridad fue una de las principales promesas de campaña del actual mandatario. En su plan de gobierno, estableció que las políticas de seguridad se basarían en cinco ejes estratégicos:
Prevención social de la violencia y del delito. “El que la hace, la paga”: empoderamiento de la investigación criminal, cero impunidad y justicia pronta. Implementación de la Estrategia Nacional Antiextorsión. Organización de fuerzas interagenciales y control territorial de litorales, fronteras, aduanas y carreteras contra el crimen organizado. Gobernabilidad disciplinaria y desempeño probo de los cuerpos policiales.
Queda mucho por hacer. En la reunión, celebrada la madrugada del miércoles, se plantearon reformas al Código Penal con énfasis en el delito de extorsión, uno de los problemas que más afecta a las familias y al sector productivo. Asimismo, se analizó un proyecto de ley para incrementar las penas en casos de femicidio, la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.
En Honduras, la inseguridad es un fenómeno con múltiples aristas que requiere acciones firmes y contundentes, encaminadas tanto a la disuasión como al castigo efectivo de la criminalidad. Ese es el clamor de la ciudadanía.
