Cuando el crimen organizado cobra el mal llamado “impuesto de guerra” al transporte público o al comercio informal, ahoga la economía local, pero cuando la extorsión obliga a cerrar escuelas, el delito deja de ser un problema económico para convertirse en una tragedia generacional.
La reciente revelación de EL HERALDO expone una realidad estremecedora: la violencia en Honduras ha escalado a un punto donde ni siquiera los espacios educativos están a salvo.
“Hay centros que han tenido que cerrar definitivamente y otros han optado por trasladarse a otras zonas para poder seguir operando”, advirtió Carlos Sabillón, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH).
Los datos disponibles son alarmantes: al menos cinco centros educativos -tres en Tegucigalpa y dos en San Pedro Sula- han tenido que cerrar sus puertas y otras huir de sus comunidades, interrumpiendo de manera abrupta el proceso de enseñanza de su población estudiantil.
La situación es grave. El cierre de un centro educativo significa también el cierre de un lugar seguro para los niños y jóvenes, que quedan expuestos a los ya graves niveles de violencia que golpean sus comunidades. Significa, además, la suspensión abrupta de su formación académica y en muchos otros casos, el migrar en busca de las oportunidades que les han robado.
La información que ha puesto sobre la mesa la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas no puede ni debe caer en saco roto.
Por el contrario, debe ser un llamado de alerta para actuar de inmediato y frenar estas acciones delincuenciales que solo demuestran que la criminalidad ha alcanzado niveles inéditos en nuestra sociedad. El derecho a la educación no debe ser vulnerado de ninguna manera
