Los diputados aprobaron por fin, la noche del lunes pasado, las reformas al subsector eléctrico que el Poder Ejecutivo demandaba para poner mano a la crisis financiera que agobia a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Después de muchos encuentros y desencuentros, las bancadas de los partidos Nacional y Liberal lograron consensuar un proyecto que asegura tener las herramientas requeridas para enderezar las finanzas y la prestación de servicios de la ENEE.
La bancada del partido Libre no acompañó la iniciativa, pues mantuvo hasta el final que la nueva legislación solo tiene como propósito la privatización de la empresa.
Ahora los usuarios, la sociedad, solo esperan que lo actuado salve a la ENEE de su precaria situación financiera y por fin se preste un servicio de calidad a costos accesibles.
Si no hay inversión extranjera o nacional que compita, dicen los especialistas, no hay manera de tener precios competitivos y más bajos para el consumidor. Las reformas aprobadas son el punto de partida para lograrlo.
Está claro que la ley permitirá bajar el precio de los servicios y mejorar la calidad del suministro. Para ello se necesita una institucionalidad fuerte que permita reducir las pérdidas y abrir el mercado a la inversión nacional y extranjera.
“Ahora comenzamos una nueva era, el trabajo que se viene es fuerte y complicado”, dijeron las actuales autoridades, quienes demandan el apoyo social para poder avanzar en la transformación más grande del sector eléctrico, asegurando que lo que se ha creado dará mayor certeza para que ello se logre.
El éxito o fracaso dependerá principalmente de la seriedad con la que se empuje el proceso, de que se cumplan los tiempos que manda la ley, de que la transparencia sea un eje transversal del proceso y de que los políticos saquen, de una vez por todas, las manos de la administración.
