Honduras no enfrenta una crisis teórica ni abstracta, sino una tensión concreta en el orden electoral. Tres semanas después de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin emitir la declaratoria oficial de resultados, con el 30 de diciembre como fecha límite legal.
El estancamiento tiene causas técnicas identificables. Un elevado porcentaje de actas presenta inconsistencias que obligan a un escrutinio especial, en un contexto de diferencias mínimas entre los aspirantes presidenciales y la necesaria revisión física de la documentación. El CNE activó ese conteo, aunque lo hizo tarde y en medio de dificultades logísticas que han agravado la incertidumbre.
Si se observa sin pasión ideológica, el desafío procesal tiene elementos de complejidad técnica real. Sin embargo, donde debería existir un cierre ordenado del ciclo electoral, se ha abierto un espacio para la especulación política: rumores, llamados a protestas y discursos que prefieren sostener la duda antes que esperar una resolución definitiva. Grupos radicales han bloqueado instalaciones, paralizando la revisión de actas, mientras distintas fuerzas políticas aprovechan la demora para alimentar narrativas de confrontación entre sus bases.
La desconfianza no surge en el vacío: Honduras arrastra antecedentes de disputas electorales prolongadas. Aun así, la Misión de Observación Electoral de la OEA verificó el desarrollo normal de la jornada y no encontró elementos que sustenten las denuncias generalizadas de fraude, aunque advirtió retrasos y tensiones internas en el procesamiento de los resultados.
Exigir que el Consejo Nacional Electoral emita su declaratoria no es un gesto de alineamiento político, sino la defensa elemental del orden democrático. La democracia hondureña se afirma -o se debilita- en actos concretos: la transparencia del escrutinio, el cierre del conteo y el reconocimiento inequívoco de la voluntad popular. Ningún país puede sostenerse en una lógica permanente de sospecha y confrontación. La política del “sombrerazo” y la duda perpetua no constituyen vigilancia ciudadana, sino dilación estratégica, y abren espacio a los oportunismos más peligrosos.
Nadie propone una declaratoria artificial ni eludir un escrutinio adicional cuando existen dudas fundadas. La discusión real es otra: si la institucionalidad electoral se somete a una parálisis indefinida dictada por intereses políticos, o si ejerce su mandato de concluir el proceso y devolverle al país un marco básico de certeza democrática.
Respaldar al Consejo Nacional Electoral en la emisión de la declaratoria oficial es sostener que la democracia hondureña no es una consigna ni un recurso de ocasión. Es reafirmar que el voto -y no el conflicto perpetuo- sigue siendo el fundamento legítimo de la representación política. Todo lo demás es retroceder; esto, en cambio, es volver a la civilización de las urnas.
