Antes del proceso electoral en Honduras, los ojos de la comunidad internacional estaban puestos sobre nuestro país. Vimos cómo las misiones de observación electoral externaron su preocupación, producto de las diferentes inconsistencias que lograron apreciarse antes de las elecciones, así como también cómo distintos Estados miembros de la OEA expresaron su inquietud por el panorama nacional. Asimismo, se pudieron apreciar los mensajes del expresidente Donald Trump, quien manifestó su interés y afinidad por el candidato del Partido Nacional de Honduras, situación que generó cambios sustanciales en la forma de pensar y votar de parte del pueblo hondureño.
No obstante, durante el desarrollo del proceso electoral del 30 de noviembre, se logró percibir un ambiente de aparente tranquilidad, una fiesta cívica, salvo por algunas pequeñas excepciones que es importante corregir para evitar que se repitan en procesos electorales posteriores.
Sin embargo, donde todo se ha tornado altamente complejo es en la etapa poselectoral. En esta fase se ha percibido un ambiente cargado de dudas, en el que autoridades del oficialismo han denunciado fraude electoral, a pesar de no haber alcanzado ni el 20 % de los votos del pueblo hondureño. A ello se suma que una fracción del Partido Liberal también se ha unido a las denuncias por inconsistencias.
Las controversias han impactado el desarrollo natural de la etapa poselectoral, en la que corresponde efectuar el recuento o escrutinio especial de las actas con inconsistencias, ya sean identificadas de oficio por el Consejo Nacional Electoral (CNE) o impugnadas por los partidos políticos. En este momento, la principal preocupación radica en lo que pueda suceder con la declaratoria oficial que debe emitir el CNE, ya que la Ley Electoral establece que esta debe realizarse a más tardar 30 días calendario después de efectuadas las elecciones, es decir, hasta el 30 de diciembre.
Producto de lo reñido del proceso electoral entre el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido Nacional de Honduras (PNH), el reto para el CNE ha sido mayor, pues la diferencia ha sido menor a dos puntos porcentuales. En este contexto, cada factor, cada voto y cada Junta Receptora de Votos (JRV) resulta determinante. Por ello, es necesario no presionar al organismo electoral y permitir que cumpla su función con el acompañamiento de los partidos políticos, la observación nacional e internacional y el seguimiento permanente de los medios de comunicación.
Lamentablemente, desde algunos sectores partidarios se ha buscado satanizar por completo el proceso electoral, una postura errada, ya que la Ley Electoral establece claramente los pasos para presentar acciones contra las JRV que presentan inconsistencias.
Es fundamental no caer en la desesperanza absoluta y, por el contrario, fortalecer nuestra institucionalidad. La zozobra actual se explica en gran medida por qué las élites de los partidos políticos, motivadas por sus intereses, buscan controlar y atacar de manera permanente a las instituciones para favorecerse. No olvidemos que, en este río revuelto, hay varios pescadores ganando.
Cada proceso electoral debe servirnos como un llamado de atención para impulsar reformas estructurales que mejoren la confianza y la credibilidad de nuestra institucionalidad democrática.
