Honduras destinará en 2026 más de L444,000 millones a su presupuesto nacional. Hay dinero para carreteras, para energía, para modernización del Estado. Lo que cuesta encontrar, dentro de ese enorme volumen de recursos, es una apuesta real y sostenida por las niñas y mujeres del país.
No se trata de ideología. Se trata de una pregunta sencilla: ¿cuánto vale, en lempiras, el futuro de una niña que creció en Olancho, en La Mosquitia, en una colonia marginal de Tegucigalpa?
El Plan de Gobierno “Juntos vamos a estar bien 2026-2030” menciona la equidad de género dentro de su Política 11, dedicada al desarrollo social. Las palabras están bien escritas. Pero el presupuesto reformulado muestra que la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, una de las pocas instituciones diseñadas específicamente para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, pasó de L5.7 millones en 2025 a cero lempiras en 2026. Este no es un recorte, sino ausencia total.
Los programas que amplían horizontes para las niñas, los que les muestran que pueden llegar a ser médicas, empresarias, ingenieras, legisladoras, no son programas costosos comparados con la escala del presupuesto nacional. Pero requieren existir: requieren presupuesto, personal, continuidad. Una política de género que no tiene financiamiento no es una política pública: es una declaración de intenciones que nadie está obligado a cumplir.
Honduras invierte L2,448.7 millones en educación dentro de su plan de inversión pública para 2026, con énfasis en infraestructura y enfoque STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Es una dirección correcta. Pero la infraestructura escolar no cambia sola la expectativa que una niña de doce años tiene sobre su propia vida. Eso requiere intervención deliberada, programas que lleguen donde los prejuicios son más arraigados, que hablen directamente con esas niñas y con sus familias sobre lo que es posible.
El problema no es nuevo. En Honduras, los programas dirigidos a mujeres y niñas han funcionado históricamente como los primeros renglones en desaparecer cuando hay que ajustar números. Y sin embargo, la evidencia internacional es consistente: las sociedades que invierten en la educación y el empoderamiento de sus niñas tienen mejores indicadores de salud, menor pobreza intergeneracional y economías más productivas. No es filantropía. Es rentabilidad social.
Una niña en la zona rural de Honduras que hoy cree que no tiene opciones, mañana podría ser la doctora que su comunidad necesita, la empresaria que genera empleo, la funcionaria que toma mejores decisiones. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que decirle primero que es posible, y respaldar esa conversación con recursos reales.
Un presupuesto nacional dice, con más honestidad que cualquier discurso político, lo que una sociedad considera importante. Pero en lo que respecta a las niñas que crecen sin saber que el mundo les pertenece también a ellas, todavía tiene una deuda pendiente.
