El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha provocado un terremoto moral y político a nivel mundial al iniciar la fractura institucional del sistema de justicia de su país, mostrándose contradictorio al combate de tráfico de drogas por indultar al narcotraficante hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.
Por un lado, moviliza un poderío naval en el Caribe para neutralizar el tráfico de drogas en Venezuela y otras naciones, y por otro lado, en su propia nación, otorga indulto completo al narcotraficante JOH, quien introdujo a la nación estadounidense toneladas de cocaína diciendo: “voy a meter las drogas en las narices de los gringos”.
Lo que presenciamos con el indulto otorgado por el presidente Donald Trump a JOH, es precisamente ese tipo de erosión institucional que cualquier político y/o estadista sensato identifica como una señal de alarma catastrófica en la mayor democracia de referencia mundial.
El caso del indultado fue construido meticulosamente durante años por la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA. El juez Kevin Castel lo describió como un político de dos caras, hambriento de poder que se disfraza de soldado antidrogas mientras se asociaba con traficantes, causando destrucción invaluable por el tráfico cocaína, tanto a Honduras, EE.UU. y otras naciones.
Además, Trump no solo anunció el indulto, sino que, imprudentemente, también intervino abiertamente en las elecciones generales hondureñas que se celebraron el 30 de noviembre, respaldando a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional. Trump escribió: “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. En franca injerencia, con una propuesta hostil saturada de chantaje electoral.
El poder del indulto presidencial fue concebido como una herramienta excepcional para corregir injusticias y sanar heridas nacionales, no para desautorizar al Poder Judicial ni para premiar a quienes convirtieron a sus pueblos en territorios sometidos al crimen organizado. Cuando este poder casi irrevisable judicialmente se usa para favorecer a un hombre que edificó su poder sobre la corrupción, se abre una grieta peligrosa en la estructura misma del Estado de derecho.
Felizmente, el Congreso de EE.UU. tiene poder de impugnación y la única restricción real al poder del indulto es la reputación presidencial, la opinión pública y las normas institucionales.
Lo que hoy vemos no es solo un agravio para Honduras, es una advertencia para el propio pueblo estadounidense. Si un presidente desestima las normas, desprecia los fallos judiciales y manipula la justicia a su conveniencia política, deja un precedente que mañana podrán imitar otros. Lo que Trump ha hecho con este indulto no es un acto aislado de clemencia presidencial cuestionable, es seguimiento de un patrón devastador que demerita la reputación presidencial y erosiona sistémicamente la credibilidad institucional de los Estados Unidos de América. Queda planteado.
