¿Seguridad o garantías? La encrucijada de las reformas penales

El debate se ha concentrado en tres puntos sensibles: los allanamientos sin orden judicial previa, los poderes ampliados para los policías de la fuerza élite penitenciaria, y la prisión preventiva obligatoria

  • Actualizado: 17 de noviembre de 2026 a las 20:43

Las reformas penales aprobadas entre septiembre y octubre de este año para combatir a las pandillas y organizaciones criminales han dividido parcialmente a la opinión pública hondureña. La discusión no es si hay que combatir a las maras, en eso hay casi unanimidad, sino si el Congreso Nacional debía escuchar o no las advertencias del Poder Judicial y de la ONU para no incurrir en violaciones a los derechos humanos, incluso de los pandilleros. El debate se ha concentrado en tres puntos sensibles: los allanamientos sin orden judicial previa, los poderes ampliados para los policías de la fuerza élite penitenciaria, y la prisión preventiva obligatoria.

Frente a esa polémica, un sector argumenta soberanía y separación de poderes en su sentido más estricto: el Congreso legisla, la Corte aplica la ley. Desde esta visión, no se trata de desoír, sino de ejercer la competencia. El artículo 59 de la Constitución establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y el primer derecho humano es la vida. Si hay 10 o 12 homicidios diarios, el Estado está obligado a proteger a la mayoría, aunque eso implique restringir derechos de una minoría que vive de matar, extorsionar y atemorizar.

Ese mismo sector cuestiona la autoridad moral de la Corte Suprema para objetar las reformas. Sostiene que, tal como está funcionando, la Corte no es un referente de ejemplaridad de justicia y es uno de los entes más cuestionados por decisiones profundamente politizadas. Desde esta lectura, sus cuestionamientos no buscarían propiamente salvaguardar los derechos de los detenidos, sino limitar las decisiones del Congreso, presidido por el diputado nacionalista Tomás Zambrano. La independencia de poderes, dicen, no es que cada poder haga lo que quiere, sino el sistema de frenos y contrapesos, pero aquí lo que está en juego no es quién es más poderoso, sino el derecho a la vida de los hondureños.

La ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha sostenido una tesis distinta: las reformas pueden reducir homicidios a corto plazo, pero sin una investigación criminal fuerte, sin depurar la policía y sin asegurar las prisiones, el efecto rebota. Si el sistema penal no respeta el debido proceso, los jueces pueden anular los casos y se perderá todo el esfuerzo. Es decir, la eficacia sin garantías termina siendo ineficacia.

A esa advertencia se suma el contexto hondureño. El país tiene la variable del narcotráfico que tiene El Salvador, pero en menor cantidad, y tiene un flagelo que lo supera todo: la extorsión. Datos de varios organismos indican que la extorsión subió hasta en 300%, y la mayor parte de los causantes no llega a ser enjuiciada. Frente a eso, la ciudadanía, sostienen los defensores de la reforma, no demanda procedimientos perfectos, sino medidas, como sean, que le ayuden a preservar la vida.

Aquí surge la pregunta jurídica central: ¿cabe que el Congreso reforme la ley penal desoyendo a la Corte Suprema y a un organismo como la ONU? A juicio de los impulsores de la reforma, sí cabe. El Congreso es el único órgano con capacidad y autoridad para legislar. Las opiniones de la Corte en dictamen previo y de la ONU son de carácter consultivo, no vinculantes. El control es a posteriori, cuando alguien demanda, la Sala de lo Constitucional suele resolver, pero hasta meses después de interpuestos los recursos.

La segunda pregunta es aún más incómoda: ¿cabe anteponer la seguridad de las personas a los derechos humanos de los antisociales? Aquí choca la doctrina. El artículo 59 dice que la persona humana es el fin supremo, pero el primer derecho humano es la vida. La ONU dice que ni en la guerra se puede suspender la presunción de inocencia, una teoría que, para los críticos de ese organismo, termina abonando el poder de quienes no respetan los derechos humanos de miles de inocentes. De ahí la pregunta que divide a gobiernos y a sectores de opinión: ¿cabe actuar apegados rigurosamente a la moral y las buenas costumbres cuando se trata de combatir a elementos que no respetan el derecho a la vida?

¿Puede el Estado pelear con las reglas que favorecen a quienes no respetan ninguna regla? La respuesta de los defensores de la mano dura recurre a Maquiavelo y a Max Weber: la moral del Estado no es la moral del individuo. El político tiene la ética de la responsabilidad, no la de la convicción. La conclusión que sacan es que el deber del Estado es proteger la vida de los 10 millones de hondureños, aunque tenga que restringir los derechos a unos 10 mil antisociales. La Constitución prevé la dureza: si bien el artículo 82 establece el derecho a la defensa, el artículo 61 establece que nadie puede atentar contra la vida y la seguridad de otra persona. Cuando un antisocial cobra extorsión amenazando con matar a un inocente, en ese momento rompe el pacto social.

Es aquí donde entra la síntesis de la política de Nayib Bukele, que un buen sector de la ciudadanía hondureña, centroamericana y latinoamericana alaba. Su modelo se resume en tres pilares: régimen de excepción prolongado que suspende garantías como la detención en 24 horas y el derecho a la defensa inmediata; detenciones masivas de más de 80 mil personas bajo la presunción de pertenencia a pandillas; y un régimen penitenciario de máxima dureza simbolizado en el CECOT, con aislamiento total y sin beneficios. El resultado es innegable: El Salvador pasó de más de 100 homicidios por 100 mil habitantes en 2015 a tasas de un solo dígito, y la extorsión prácticamente desapareció en zonas que antes eran controladas por maras. Para el ciudadano que no podía abrir su negocio o salir de su colonia, eso es volver a vivir.

En contraste, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que pretender combatir el crimen debilitando garantías es cambiar el terror de las pandillas por arbitrariedad estatal. Para Castellanos, la advertencia de la OACNUDH no es un mero trámite diplomático ni una injerencia externa, sino una alerta frente al debilitamiento de las garantías que sostienen el Estado de derecho. Alertó que se está creando un esquema de restricciones que se asemeja a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.

El punto más regresivo, según Castellanos, es el desplazamiento del derecho penal de acto hacia un derecho penal de autor. “Cuando los tatuajes, la apariencia física o determinados elementos de vestimenta se convierten en indicadores para presumir la pertenencia a una asociación terrorista, la persecución penal deja de concentrarse en las conductas individuales y comienza a sustentarse en características personales, legalizando el perfilamiento estigmatizante”, advirtió. Con ello, dijo, no quedan expuestos los grandes financistas del narcotráfico ni los operadores políticos de cuello blanco, sino los jóvenes de sectores excluidos, cuya sola apariencia bastará para condenarlos a prisión preventiva automática en módulos de máxima seguridad, sin revisión judicial individualizada. Esa crítica coincide con la de Amnistía Internacional, que sostiene que los pandilleros mantienen derechos inalienables y que el modelo Bukele, pese a sus resultados, ha dejado denuncias de detenciones de inocentes, tortura y falta de debido proceso.

La conclusión práctica es que ambas tesis tienen parte de razón y el país no puede quedarse con una sola. La moral del Estado no puede medirse con la misma vara que la moral del criminal: el Estado no mata por venganza, debe aplicar la ley con proporcionalidad y rigor para proteger a la mayoría honrada. Pero si el Estado hondureño copia de Bukele solo la dureza y no la eficacia — sin fortalecer la investigación, la defensa pública, el CONADEH y el CONAPREV, como recomienda la OACNUDH —, los hondureños podrían terminar haciendo justicia por su propia mano, y eso sí sería lo más inmoral. La eficacia no se mide por la cantidad de derechos restringidos ni por detenciones acumuladas, sino por desmantelar las finanzas ilícitas, depurar las instituciones infiltradas, combatir la impunidad y garantizar justicia efectiva a las víctimas.

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