La legislación penal hondureña reconoce que todo delito de robo al Estado causa perjuicio y genera responsabilidad civil. Esta comprende la restitución del bien, la reparación integral de los daños materiales y morales y la indemnización correspondiente. Pero muchos responsables de saquear los recursos públicos no enfrentan procesos ni cumplen penas, gozan de libertad y conservan fortunas construidas con el sufrimiento de la población.
En Honduras hemos cometido un error al creer que encarcelar a un corrupto es suficiente para hacer justicia. La prisión castiga la libertad del culpable, pero si el dinero robado permanece en sus manos, en las de sus familiares, socios o testaferros, el delito continúa produciendo beneficios. Entonces, la corrupción, de ser un riesgo, se convierte en inversión.
El corrupto que conserva su fortuna tiene recursos para contratar abogados, influir sobre procesos, prolongar juicios, comprar voluntades y buscar reducciones de pena y/o comprar indultos. Incluso puede cumplir algunos años de prisión mientras su patrimonio ilícito continúa creciendo. Al recuperar la libertad, encuentra casas, empresas, cuentas bancarias y bienes adquiridos con el dinero que pertenecía al pueblo. En esas condiciones, la condena es apenas una pausa en una vida de privilegios.Esto se observa con frecuencia: personas acusadas o condenadas por delitos contra la administración pública aparecen rodeadas de defensores costosos, influencias políticas y estructuras económicas protectoras.
La corrupción no es un delito abstracto; tiene rostro, víctimas y consecuencias. Se encuentra en el niño que estudia bajo un techo destruido, en la madre que no encuentra medicamentos, en el productor que pierde su cosecha por falta de caminos, en el joven que emigra porque su país no le ofrece oportunidades y en el anciano que espera una atención médica que nunca llega.
La Biblia enseña que la verdadera reparación del robo exige restitución: Levítico 6:4-5 ordena devolver por entero lo robado y añadir una quinta parte. Zaqueo, un funcionario público, recaudador de tributos, al reconocer su falta, declaró en Lucas 19:8 que devolvería cuadruplicado a quienes había defraudado.
Propongo a las autoridades de los poderes del Estado impulsar con justicia y verdad la política nacional de “Restituir a Honduras”. Su finalidad debe ser localizar, congelar, decomisar, administrar y devolver al Estado los bienes y ganancias provenientes de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y cualquier forma de saqueo público. Esta política debe seguir el dinero dentro y fuera del país y alcanzar a testaferros, empresas de fachada y beneficiarios del patrimonio ilícito.
Honduras cambiará cuando robar se castigue absolutamente. Se trata de justicia, de dignidad nacional y obediencia a Dios. Quien robe debe responder, devolver y reparar. Solo entonces podremos afirmar que la ley vale más que el poder y que ninguna fortuna está por encima del pueblo hondureño. Solo cuando la corrupción deje de producir riqueza habrá comenzado su verdadera derrota. Queda planteado.
