La escalada en el precio de los carburantes representa uno de los desafíos más profundos para la estabilidad macroeconómica y tranquilidad social. En la coyuntura hondureña, las alzas a los combustibles se erigen como la más peligrosa fuerza generadora de inflación, actuando en una destructiva combinación junto a la devaluación monetaria y una limitada oferta local de bienes. Este deterioro golpea con especial dureza la economía a los hogares de menores ingresos, donde la energía y el transporte consumen una tajada desproporcionada del sustento diario. Urge una revisión de la política fiscal-energética, combinando opciones técnicas con imperativos de justicia.
Durante décadas, el Estado ha encontrado en el consumo de carburantes una fuente cómoda de financiamiento. Cifras más recientes de la SEFIN reportan ingresos tributarios derivados del petróleo con tendencia creciente. A modo de ejemplo, el cobro del Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) supera los L 13,431.5 anuales; más los impuestos de importación, acumulan más de L 9,668.7 en los primeros ocho meses del presente año. En un año promedio, estos ingresos alcanzan los L16,000 millones. El Gobierno central cuenta con un músculo recaudatorio “robusto”, a costa del debilitamiento de los consumidores y la economía en general.
La inflación es parcialmente un efecto monetario. No va a desacelerarse con medidas monetarias. Hay que ir más a fondo y señalar la indiferencia gubernamental. Ha sido una muy mala costumbre de los gobiernos pretextar las alzas en el precio internacional del petróleo para mantener elevados precios internos, para inflar artificialmente el valor de cada galón. No se vale seguir hablando de subsidios que, desde el pasado gobierno, son de “mentiritas”. Sería más efectivo decretar la disminución significativa de impuestos y luego traducirlos a una reducción de precios.
No obstante, si esa medida se concretara, la experiencia histórica obliga a la cautela. Aunque sería inevitable el cálculo proselitista, puede ser una medida económica consecuente con el bienestar de la población. Pero la medida seguirá siendo incompleta si no se acompaña de una reducción racional del gasto público y una estrategia macroeconómica integral. Resulta indispensable coordinar otras acciones paralelas relacionadas con la excesiva dependencia de los derivados del petróleo, que nos han atado, por pésimas decisiones históricas, a exagerados costos en la generación eléctrica y el transporte de mercancías y personas.
Esta propuesta de reforma fiscal no es nueva. Diversos sectores sociales y económicos la hemos venido planteando desde hace varios años, sin ser escuchados oportunamente. El régimen de Juan Hernández profundizó el impacto negativo de los impuestos a los combustibles al imponer severo “paquetazo fiscal” entre finales de 2013 y principios de 2014, elevando el impuesto sobre ventas. Posteriormente, el gobierno de Xiomara Castro también le falló a la población al no proceder con una reducción real y sostenible de los tributos petroleros, además del incrementado impuesto sobre ventas (ISV). Le dieron continuidad al pretexto de que una rebaja sustancial “no era factible debido a la crisis heredada por la narco-dictadura”. La “consolidación fiscal” se mantuvo a costa del bolsillo ciudadano.
En conclusión, la reducción de los impuestos a los combustibles es una pieza fundamental para frenar la espiral inflacionaria y devolver alguna estabilidad económica. Debemos trascender el discurso político estacional y concretar una política de Estado que combine inteligentemente el alivio fiscal coyuntural con una transición energética estructural, rompiendo finalmente el ciclo de dependencia y desatención que ha postergado el desarrollo económico nacional.
