En un país que aspire a la estabilidad institucional, las reglas del juego democrático deberían ser tan implacables como claras: cuando el poder absoluto se extingue, la ley ordinaria asume el relevo y somete por igual al ciudadano de a pie y al exmandatario en desuso. Sin embargo, en los trópicos de nuestra Honduras convulsa, la realidad insiste en devorar a la teoría jurídica.Lo ocurrido recientemente en los tribunales, donde el expresidente Juan Orlando Hernández presuntamente confrontó e intimidó a los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la causa penal conocida como “Pandora II”, no es una simple anécdota de pasillo judicial. Es la radiografía de un problema institucional mucho más profundo que desnuda la fragilidad de nuestro Estado de derecho.
Todo comenzó en el recinto de una audiencia de declaración de imputado. Mientras el aparato de justicia intentaba procesar los vestigios de un desvío patrimonial estimado en millones de lempiras, el tablero procesal se crispó. Según la denuncia hecha por el propio procurador general, Dagoberto Aspra, el exgobernante comenzó su intervención manifestando su preocupación por la institucionalidad pública, esa misma que durante su mandato fue sujeta a complacer los caprichos de una clase política deshonesta. Posteriormente, dirigió su atención hacia los procuradores auxiliares para luego pronunciar frases como: “y quiero verle a los ojos, señor representante de la Procuraduría... quiero heredarle este conocimiento” y, aparentemente, un posterior “cuídense”, expresado en un tono que los funcionarios interpretaron como una advertencia.
Ante la gravedad del episodio y la natural reticencia a exponer a los funcionarios designados de la institución, el procurador Aspra anunció que será él mismo quien encabece la representación del Estado en la audiencia inicial. Su decisión es una forma de decir que quienes representan al Estado no pueden quedar solos cuando ejercen sus funciones frente a quien alguna vez concentró una enorme cuota de poder.
Mientras tanto, el exgobernante ha negado los señalamientos a través de apariciones públicas y reproducciones de audio, intentando desplazar el eje de la discusión hacia viejos señalamientos cruzados y cuestionamientos sobre las fisuras y contradicciones de los fiscales del Ministerio Público.Lo verdaderamente alarmante no es que un procesado utilice las herramientas verbales a su alcance para defenderse. Lo preocupante es el entorno de tolerancia y parálisis que puede rodear cualquier conducta destinada a amedrentar a quienes cumplen una función pública. Porque si un funcionario debe medir sus palabras, sus decisiones o su actuación por temor a las consecuencias de exigir transparencia y rendición de cuentas a quien alguna vez controló el sistema, entonces el problema ya no está solamente en un expediente penal. Está en la capacidad misma del Estado para ejercer su autoridad sin miedo.
En Honduras, sin embargo, el ruido de estas afrentas suele terminar disolviéndose entre la condescendencia y la inacción. Porque cuando los fantasmas del pasado autoritario reaparecen para dictar lecciones y advertencias a quienes ejercen la representación por ley, entonces, se quiebra el principio elemental de que la autoridad del Estado es impersonal e inquebrantable.
En consecuencia, si el Estado hondureño permite que la intimidación se convierta en una práctica tolerada frente a sus propias instituciones, la democracia terminará reducida a una ficción donde la ley pesa con todo su rigor sobre los ciudadanos comunes; mientras los intocables descubren que todavía pueden proyectar su poder desde el banquillo de los acusados.
