Persecución

La tentativa de alterar la legitimidad del proceso electoral merece determinación para sancionarla, de forma que a nadie se le vuelva a ocurrir cometer ilícitos parecidos.

  • Actualizado: 20 de noviembre de 2026 a las 22:15

Se exige justicia para evitar mayores injusticias: las provenientes de la comisión de delitos sin persecución penal y, por tanto, sin castigo. Un castigo que corresponda al daño causado y sirva de disuasivo para evitar que estas conductas antisociales se repliquen.

No se persigue el delito por venganza. Ningún delito. Menos aún hay que evitar el castigo a quienes, con sus conductas, pudieron vulnerar la voluntad popular y, si lo hubiéramos permitido, habrían logrado destruir nuestra democracia.

La tentativa de alterar la legitimidad del proceso electoral merece determinación para sancionarla, de forma que a nadie se le vuelva a ocurrir cometer ilícitos parecidos. No es persecución política, no se trata de un forcejeo entre partidos políticos; es un asunto de legalidad, un tema de Estado.

Aquellos que hoy procuran escudarse en la falacia de una persecución política, en las mentiras de supuestas revanchas sectarias, se olvidan de que la democracia la defendemos no solo con discursos, sino, sobre todo, con el cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes.

Cualquier indicio de delitos electorales cometidos tiene que ser investigado, tiene que ser objeto de acción penal y los responsables tienen que ser llevados a los tribunales.

No, no se celebra. No hay alegría por la situación que afrontan los perseguidos penalmente por sus ilícitos, con el agravante de que los cometieron desde la titularidad de cargos en los que estaban obligados a ser garantes de la ley, no sus verdugos. No podían erigirse por encima de la ley. Se equivocaron. En vez de someterse al imperio de la ley, eligieron someterse a los caprichos de la mente confundida de su jefe.

Nadie puede estar por encima de la ley. Ningún funcionario puede dañar a la nación y quedar sin castigo.

Nuestra Carta Magna, en sus artículos 57 y 58, estipula el carácter público de la acción penal por delitos electorales y la competencia de la justicia ordinaria para procesarlos. Hay que cumplir la ley. Hay que proteger nuestra democracia.

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