La reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias en manos de una empresa vinculada a China, en ambos accesos del Canal de Panamá, puede parecer un episodio lejano para Honduras. No lo es. Más allá del litigio panameño, el fallo marca un punto de inflexión regional con implicaciones económicas, legales y estratégicas que Honduras no puede darse el lujo de ignorar.
El Canal de Panamá es una arteria esencial del comercio hemisférico. Aunque muchos productos hondureños no transiten directamente por él, la economía nacional depende de cadenas logísticas que se organizan en torno a su funcionamiento: rutas marítimas, costos de seguros, tiempos de entrega y tarifas de flete. Cualquier incertidumbre sobre la operación del canal —y, en particular, sobre los puertos que lo flanquean en el Caribe y el Pacífico— repercute en toda Centroamérica. Para un país abierto al comercio como Honduras, eso se traduce en mayores costos y menor competitividad.
Sin embargo, el mensaje más profundo del fallo panameño no es comercial, sino institucional.
La Corte no resolvió el caso en clave ideológica, sino constitucional. Consideró que las concesiones otorgadas violaban el interés público, debilitaban la competencia y privaban al Estado de ingresos legítimos. El precedente es claro: los grandes contratos de infraestructura estratégica ya no se juzgan solo por su aporte económico, sino por su solidez legal, su transparencia y su coherencia con la soberanía nacional.
Para Honduras, esta señal es especialmente relevante.
En los últimos años, China ha incrementado de manera sostenida su presencia en América Latina, no solo como socio comercial, sino como financiador y operador de infraestructura crítica: puertos, energía, telecomunicaciones y logística. Sus propios documentos oficiales lo confirman: Beijing busca profundizar la cooperación económica y ampliar vínculos en materia de seguridad. Desde esa óptica, muchas inversiones no son meramente comerciales; tienen un valor estratégico de largo plazo.
Estados Unidos lo interpreta del mismo modo.
La administración del presidente Donald Trump ha sido explícita al considerar que el control chino de infraestructura estratégica en el hemisferio occidental constituye un riesgo para la seguridad regional. El secretario de Estado Marco Rubio celebró abiertamente el fallo panameño, subrayando que la influencia del Partido Comunista Chino sobre el canal representaba una amenaza. Más allá del tono político, el mensaje es inequívoco: Washington ya no trata estos activos como simples negocios.
Honduras se encuentra, por tanto, en una zona de presión creciente.
No controla un punto de estrangulamiento global como el Canal de Panamá, pero sí administra puertos, corredores logísticos, sistemas energéticos y plataformas digitales que tienen relevancia regional. El caso panameño demuestra que los acuerdos firmados bajo lógicas de urgencia —financiamiento rápido, incentivos fiscales amplios, supervisión limitada— pueden convertirse en vulnerabilidades cuando cambian las condiciones geopolíticas.
El interés nacional hondureño no consiste en alinearse automáticamente con una u otra potencia. Tampoco en rechazar inversión extranjera. Consiste en preservar margen de maniobra.
Eso exige contratos robustos desde el punto de vista constitucional; licitaciones competitivas y transparentes; y una evaluación seria de los impactos fiscales, regulatorios y estratégicos de cada concesión. En un entorno donde la rivalidad entre Estados Unidos y China se intensifica, la ambigüedad estratégica se reduce. Lo que ayer parecía neutral hoy puede ser cuestionado por tribunales, auditorías o presiones externas.
Panamá ha demostrado que incluso países pequeños pueden reafirmar soberanía mediante sus instituciones. Pero también ha dejado claro el costo de reaccionar tarde, cuando la presión ya es máxima.
Para Honduras, la lección es directa: invertir en infraestructura es indispensable para el desarrollo, pero hacerlo sin blindaje legal y sin visión estratégica puede resultar más caro que no invertir. En un hemisferio cada vez más competitivo, la estabilidad jurídica, la transparencia y la previsión geopolítica no son lujos: son activos nacionales esenciales.
