Hablar de construcción de nuevas instalaciones sanitarias públicas provoca buenas sensaciones siempre y cuando obedezca a un plan serio, más allá de la demagogia y de la improvisación en el manejo responsable de la administración pública. No obstante, estamos en la obligación de no quedarnos en lo superficial.
El punto es, cuando al fin se concluyan las edificaciones, es decir la “parte gris”, deberán ser evaluadas y auditadas en sus valores y reales capacidades, tendrá que procederse a asignar suficiente presupuesto para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones sanitarias. En otras palabras, no se trata únicamente de la construcción sino también de contar con los recursos suficientes para que realmente impacten en la cantidad, calidad y calidez de las atenciones.
El presupuesto para la salud pública en Honduras ha sido limitado, considerando los grandes déficits de atención primaria y especializada. El país cuenta con unos 1,900 centros asistenciales que no van más allá de la atención primaria a veces con un médico general y auxiliares de enfermería. La red de la treintena de hospitales se compone de escasos hospitales nacionales, siendo la mayoría, regionales, otros de área y algunos centros materno infantiles.
Motivados más por el afán de demostrar que “no son iguales” al gobierno anterior, que por verdadera convicción política y de sustento técnico, la administración de Xiomara Castro inició la construcción de hospitales. Esa carencia de convicción quedó evidenciada en seguir asignando recursos de la misma manera que lo habían hecho por décadas los partidos tradicionales. Se esperaba que el nuevo gobierno fuese consecuente con las aspiraciones de transformación real del país. Se continuó aprobando el Presupuesto General de la República con la misma condición de despilfarro, desorden administrativo y énfasis en el clientelismo político, como lo habían hecho la mayoría de los gobiernos precedentes. Aunque se recuperó un poco la inversión pública productiva, se persistió en aumentar el gasto corriente, particularmente en pago de salarios, compra de vehículos, viajes, viáticos y un inusitado gasto propagandístico.
Simultáneamente, con grave irresponsabilidad al continuar endeudando al país y comprometiendo las finanzas públicas a futuro, la construcción o reparación de algunas vías de comunicación (incluyendo los propios nuevos hospitales) fueron colocados como parte de un parapeto o pretexto para contratar más préstamos, muchos de ellos en condiciones realmente onerosas. Lo mismo ocurrió con las administraciones de Hernández, particularmente, mediante los denominados “bonos soberanos”, otorgados por la banca transnacional a altas tasas (mayores al 6%) y plazos más cortos (10 años).
Algo que debe reconocerse al gobierno encabezado por Castro es haber aumentado la asignación presupuestaria para la Sesal. Las administraciones anteriores prácticamente “congelaron” ese presupuesto anual en unos L16,000 a 18,000 millones, incluso hubo años en que se le disminuyó esa asignación. Se dio el ridículo caso de una exministra que devolvió supuestos ahorros para aparentar austeridad aún y cuando quedaban grandes necesidades de la población sin resolver. Lastimosamente, la administración Castro y su círculo cercano no utilizaron apropiadamente los casi L30,000 millones de presupuesto y quedaron muy mal en su ejecución.
Dejamos planteada una pregunta para responder en siguiente entrega: ¿Qué va a pasar con el presupuesto de la Sesal en 2026 y en los subsiguientes años cuando se tenga que pagar un servicio de la deuda creciente y ya cercano a los L70,000 millones o se piensa volver a congelar?
