Luego de la aprobación legislativa del Presupuesto General de la República (año fiscal 2026), además del hecho noticioso, siempre se genera alguna esperanza en la población de que las cosas irán mejor. El gobierno anterior quedó en deuda con los ofrecimientos de establecer un presupuesto “base cero” y anti cíclico. En esta nueva administración, simplemente se retornó a la metodología tradicional, sin mayores perspectivas.
Debieron, y pudieron, dedicar más tiempo al análisis de las liquidaciones presupuestarias con la aprobación legislativa de un nuevo esquema de asignación de recursos en cada línea ministerial y actividad administrativa. Dedicaron más tiempo a los juicios políticos, cuyos resultados ya eran conocidos por anticipado, sin haber avanzado realmente en la transformación profunda de instituciones. En eso también seguimos en lo mismo. En el gobierno anterior, se jactaban de haber “socializado” el proyecto de presupuesto, pero, al final aprobaban lo mismo, sin hacer ningún cambio a lo que ya tenían, de nada servían algunas buenas observaciones planteadas por los pocos invitados a las “audiencias”. En el gobierno actual, ni siquiera se tomaron el tiempo para intentar esas apariencias.
Entonces, aunque se reconoce la reactivación de las sesiones del Congreso y algún asomo de posibles reducciones y ahorros en el nivel de gastos, la esencia del Presupuesto de ingresos y gastos sigue siendo la misma. El Presupuesto es una “herramienta para el desarrollo” se repite cansinamente, pero al formularlo, aprobarlo y ejecutarlo con la metodología tradicional, inevitablemente dará los mismos resultados: poco crecimiento económico, con insuficiente inversión pública productiva, sin garantía de transparencia y, sobre todo, sin avances reales en el nivel de desarrollo humano y prosperidad.
No basta con decir que el monto total del presupuesto de gastos se redujo en L25,000 millones respecto al fallido proyecto de presupuesto dejado por el gobierno anterior. Había que haber dado una muestra de una asignación más científica y efectiva de asignación para los gastos corrientes en personal. Por ejemplo, contemplar recursos para al menos iniciar los estudios técnicos de la creación de un verdadero sistema de servicio civil que ordene y depure la cantidad y calidad de empleados públicos que se necesita para el funcionamiento eficiente del aparato estatal. Hasta los memorándum técnicos del FMI nos lo vienen repitiendo desde hace muchos años. Situación parecida ocurre con las reformas fiscales progresivas. Ni aun con esos llamados, hemos hecho caso. Seguir contratando personal solo por clientelismo y avaricia político-partidaria significa no avanzar en la construcción de un sector público moderno y efectivo. Continuar cobrando impuestos sin progresividad, significa recaudar menos, seguir alimentando la desigualdad y sin mejoría en calidad del gasto.
El Presupuesto ya legalizado dice que la inversión pública real será de L48,200 millones, supuestamente significa un poco más del 4.0% del PIB, pero todavía se continúa contabilizando renglones que no son productivos. Se dice que estarán dirigidos a sectores estratégicos como la energía y la infraestructura vial, todavía lo rutinario aunque algo impactarán en la competitividad, creación de algunos empleos y acceso a servicios básicos. Se mencionan superficialmente proyectos de construcción de hospitales, carreteras, aeropuerto en Puerto Lempira y, muy por encima, programas sociales y de género.
No obstante, esas pequeñas esperanzas, lo esencial en el presupuesto y su conexión con la economía real y el desarrollo (crecimiento con distribución), siguen pendientes.
