La modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) constituye uno de los desafíos más complejos y trascendentales para el desarrollo económico y social de Honduras. La estatal eléctrica no solo representa un patrimonio nacional, sino también un componente estratégico para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de vida de millones de hondureños. El debate sobre su futuro debe alejarse de los prejuicios ideológicos y centrarse en soluciones técnicas, responsables y sostenibles.
Las cifras revelan la magnitud del reto. La ENEE arrastra una deuda cercana a los 110 mil millones de lempiras, mientras que sus compromisos con proveedores, contratistas y generadores de energía superan los 26 mil millones. A ello se suman obligaciones financieras con la banca nacional e internacional y contingencias legales multimillonarias. Este panorama exige decisiones firmes, transparentes y técnicamente sustentadas.
En ese contexto, la propuesta de reestructurar la empresa mediante una matriz estatal y tres compañías especializadas en generación, transmisión y distribución puede representar una oportunidad para mejorar la eficiencia administrativa y operativa. Si el Estado mantiene el control total de los activos estratégicos, tal como ha reiterado el presidente Nasry Asfura, el verdadero desafío será demostrar que la descentralización funcional puede traducirse en mejores resultados para los ciudadanos.
Sin embargo, ninguna reforma será exitosa si no enfrenta con determinación uno de los principales factores del déficit: las pérdidas técnicas y no técnicas. Miles de kilómetros de redes eléctricas obsoletas incrementan los costos operativos y deterioran la calidad del servicio. Modernizar el cableado, automatizar subestaciones e incorporar sistemas inteligentes de monitoreo debe convertirse en una prioridad nacional.
Del mismo modo, el robo de energía continúa siendo una hemorragia financiera para la empresa. En muchas ciudades existen viviendas y establecimientos que operan sin medidores o mediante conexiones ilegales. Combatir esta práctica no solo requiere operativos de control, sino también campañas permanentes de educación ciudadana y programas accesibles para la regularización del servicio. La energía robada la terminan pagando quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Otro aspecto impostergable es la recuperación de las deudas acumuladas por empresas e instituciones morosas. Algunas continúan operando sin honrar sus compromisos; otras han desaparecido dejando obligaciones millonarias sin respaldo. La ENEE debe fortalecer sus mecanismos legales de recuperación, crear unidades especializadas de auditoría y establecer registros públicos de grandes deudores, garantizando el debido proceso y la transparencia.
Asimismo, resulta indispensable revisar y renegociar aquellos contratos de compra de energía que, por sus condiciones desfavorables, han sido catalogados como leoninos. Honduras necesita relaciones contractuales justas que protejan el interés público, aseguren estabilidad jurídica para los inversionistas y permitan reducir los costos para los consumidores finales.
La oposición política tiene el legítimo derecho de cuestionar las decisiones gubernamentales; ese es un principio esencial de la democracia. No obstante, la crítica adquiere mayor credibilidad cuando está acompañada de propuestas viables y de una evaluación objetiva de las responsabilidades históricas. Los distintos sectores políticos que han tenido la oportunidad de gobernar deben asumir su cuota de responsabilidad en la situación actual del sistema eléctrico nacional.
El presidente Asfura ha insistido en que la ENEE no será privatizada y que continuará siendo patrimonio de los hondureños. Más allá de la contundencia de sus declaraciones, será la transparencia en la ejecución de las reformas la que determine el grado de confianza ciudadana. Ordenar una institución con décadas de deficiencias estructurales requiere liderazgo, pero también apertura al escrutinio público.
La modernización del sector eléctrico debe incorporar, además, una visión ambiental de largo plazo. El rescate y restauración de cuencas hidrográficas degradadas, la reforestación de áreas estratégicas y la protección de los ecosistemas productores de agua son inversiones indispensables para fortalecer la generación hidroeléctrica y diversificar la matriz energética. La seguridad energética y la sostenibilidad ambiental deben avanzar de la mano.
En este esfuerzo también resulta pertinente atender la advertencia del ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys: los inversionistas nacionales y extranjeros demandan energía confiable, competitiva y a bajo costo. Ningún país puede aspirar a mayores niveles de industrialización o crecimiento económico si sus sistemas energéticos son inestables o excesivamente costosos.
Finalmente, la transformación de la ENEE debe estar acompañada por una estrategia robusta de comunicación gubernamental basada en la transparencia y la rendición de cuentas. Vocerías unificadas, portales abiertos con información financiera actualizada, campañas pedagógicas y espacios permanentes de diálogo con la ciudadanía contribuirán a generar confianza. Modernizar la ENEE no es únicamente reorganizar estructuras administrativas; es construir una nueva cultura de eficiencia, honestidad y corresponsabilidad. Si Honduras logra convertir esta crisis en una oportunidad para innovar y corregir errores históricos, la empresa estatal podrá pasar de ser una carga financiera a convertirse en uno de los principales motores del desarrollo nacional.
