Hay países donde la democracia es un verdadero pacto cívico, pero en otros es simplemente una promesa demagógica. En Honduras, esa promesa se ha roto tantas veces que cuesta identificarla sin cicatrices, porque la historia del país registra una secuencia de fraudes electorales, manipulaciones institucionales y una clase política que ha convertido el arte de gobernar en el arte de delinquir con sombrero y discurso.
En todo este entramado, aparece un personaje ciertamente emblemático, pero contradictorio: José Manuel Zelaya Rosales, expresidente depuesto en 2009 y hoy convertido en el auténtico arquitecto del poder.
Zelaya ha logrado lo que muchos autócratas sueñan: gobernar sin el cargo, influir sin responsabilidad directa y manipular un aparato electoral supuestamente independiente, pero que desea convertir en una oficina de extensión de su voluntad.
En su ambición desmedida, Libre y sus aliados buscan debilitar a cualquier fuerza opositora en el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque el fraude deja de ser solo una operación clandestina y pasa a convertirse en un proceso administrativo.
Lo más lamentable es ver que lo que se enaltece como maniobra política, en realidad se traduce como cooptación del sistema. Así es, esa “habilidad” que se celebra en los círculos partidarios no es otra cosa que una forma sofisticada de corrupción electoral que desdibuja la frontera entre estrategia y mafia.
Evidentemente, esta conducta es el núcleo de una manipulación encubierta: la domesticación de las instituciones para que el padrón electoral sea una base de datos intervenida, la transmisión de actas una apuesta calculada y los escrutinios finales una coreografía diseñada para confundir y desgastar al votante. En este escenario, el fraude no es la excepción: es la forma por defecto en que se reproducen las élites de este cuento socialista.
Zelaya ha demostrado, con perversa eficacia, que no necesita postularse para seguir gobernando. Su influencia sobre la presidenta y sobre la candidata de su partido es innegable, así como también su osada capacidad, con fines poco nobles, para domesticar los organismos del Estado en tiempos electorales.Nuevamente, el lenguaje importa. Llamar “estrategia” a lo que con nombre y apellido es extorsión institucional, o “habilidad política” a lo que es corrupción estructural, no solo es un error semántico: es complicidad moral.
