Sin elegancia y con la arrogancia ensayada para el acto, se quitaron la máscara y tomaron la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, generando una ola de desasosiego y desconcierto a nivel nacional e internacional. Esta rabieta, que surge en un contexto de tensiones políticas y acusaciones de injerencia, plantea serias interrogantes sobre las implicaciones para el Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado.
El tratado de extradición, una herramienta clave en la cooperación internacional para combatir delitos transnacionales, ha sido históricamente un pilar en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La eliminación de este mecanismo no solo debilita la capacidad de Honduras para perseguir y procesar a criminales, sino que también pone en riesgo la endeble seguridad y estabilidad de la región. Y es que sin la presión y el apoyo internacional que conlleva el tratado, los grupos criminales han encontrado el paraíso en la tierra para operar con impunidad.
La decisión de eliminar el tratado de extradición es un acalorado alegato de cantina, que no es más que un intento de proteger a ciertos individuos dentro del gobierno que podrían estar bajo la mirada de la justicia internacional. Tal medida da inicio a la más oscura noche de Honduras, entre el imperio de crimen organizado que se viene.
Y a nivel económico, las repercusiones también serán monumentales. La confianza de los inversores internacionales y la cooperación económica con otros países, especialmente con Estados Unidos, tendrán un impacto brutal.
Saldrá cara esa bravuconada, la eliminación de un tratado de extradición no es atender un parto de yeguas, para tomarse a la ligera. Es fundamental que este gobierno considere cuidadosamente las consecuencias y busque alternativas que fortalezcan el Estado de derecho y la cooperación internacional, en lugar de debilitarlos. Peor con esa “megajusticia” que tenemos: criadero de jueces amaestrados para ser testaferros delictivos, al servicio de ellos.
Este abuso de poder ha desmantelado las estructuras y principios que garantizan los derechos humanos y la libertad de sus ciudadanos, ignorando leyes y tratados internacionales y violando sistemáticamente las garantías que estos acuerdos pretenden salvaguardar.
Con la manipulación de las leyes nacionales para perpetuar el control del Estado, la represión de la disidencia y la eliminación de la oposición política, solo faltaba este paso, que desestabiliza el orden internacional y socava la confianza en los mecanismos globales de gobernanza. La comunidad internacional debe responder con firmeza, utilizando todos los medios diplomáticos y legales disponibles para disuadir y corregir tales violaciones.
De lo contrario, esta será la nueva Colombia de los 80, cuando mandaba el grupo llamado “Los Extraditables”, conformado por los criminales que tenían orden de extradición hacia los Estados Unidos y buscaban por todos los medios derrumbar los tratados vigentes o por firmarse con ese país.
El objetivo de “Los Extraditables” era influir en la sociedad y en los estamentos jurídicos y legislativos del Estado para que no existiese un tratado con el país del norte. Y empezó como aquí: el grupo se dedicó a rebatir a la prensa, en donde defendían su posición, así como a influir en partidos políticos para que respaldaran sus tesis; sin embargo, con el tiempo se convirtió en una guerra de mafias.
Señora presidente, aún hay tiempo de cambiar la historia, no convierta aquella frase de “Los Extraditables”: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”, por: “Preferimos una tumba de silencios en Honduras, que un juez en Nueva York”.
