En las últimas semanas se ha discutido la iniciativa de la Policía Nacional y de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para impulsar reformas en materia penal y procesal penal en Honduras.
Aunque aún no se conocen detalles concretos —debido a que la propuesta continúa en elaboración—, sí se han hecho públicas algunas posturas de congresistas. La tendencia apunta al aumento de penas por delitos relacionados con la extorsión y a la posibilidad de clasificar como terroristas a ciertas organizaciones criminales.
Desde una perspectiva personal, resulta positivo que el Congreso Nacional someta a discusión pública la intención de combatir este flagelo.
No obstante, es importante recordar que el gobierno anterior implementó un estado de excepción de forma prolongada, sin que se evidencien resultados contundentes.
Las condiciones estructurales del país también deben considerarse. Honduras enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad social, mientras que los problemas de seguridad impactan directamente en la economía. Este fenómeno limita las oportunidades para emprendedores y contribuye al encarecimiento de bienes y servicios.
Si bien el Estado debe actuar, las reformas legales por sí solas no garantizan mejoras. Sin confianza en la institucionalidad, estas medidas corren el riesgo de convertirse en un paliativo. Los problemas deben abordarse desde su raíz mediante políticas públicas integrales que trasciendan la creación de leyes.
En ese sentido, es urgente fortalecer el sistema de protección de testigos, depurar las instituciones para asegurar personal capacitado y comprometido, y asignar recursos suficientes a las entidades encargadas de la prevención y combate del delito. Asimismo, se requiere una estrategia de coordinación interinstitucional acompañada de evaluaciones constantes.
Como lo he señalado, es positivo que desde el Poder Legislativo exista voluntad de actuar frente a esta problemática. Sin embargo, resulta clave que la comisión considere estudios elaborados por organizaciones nacionales e internacionales, así como indicadores del Estado de derecho, para realizar un diagnóstico integral que identifique los principales cuellos de botella y las fugas de información que ponen en riesgo a denunciantes y funcionar
Finalmente, la ciudadanía debe mantenerse atenta al actuar del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, en espera de que las acciones respondan de manera efectiva a la magnitud del problema.
