En Honduras hemos normalizado una idea profundamente perjudicial: que lo público no sirve y que, cuando funciona, debe hacerlo bajo condiciones precarias. Hospitales sin medicamentos, escuelas deterioradas, trámites interminables y servicios básicos deficientes han contribuido a que buena parte de la población asocie al Estado con ineficiencia, abandono y, en muchos casos, indignidad.
Frente a esa realidad aparece el sector privado como una alternativa generalmente más eficiente, rápida y confiable. Sin embargo, sus servicios tienen un costo que la mayoría de los hondureños no puede asumir. La consecuencia es una sociedad dividida entre quienes pueden pagar por educación, salud, seguridad y otros servicios de calidad, y quienes deben conformarse con una institucionalidad pública debilitada. Esta desigualdad no solamente es económica: también determina las oportunidades y la calidad de vida de las personas.
El debate político tampoco ha contribuido a encontrar soluciones. Algunos sectores mantienen un discurso de abierta desconfianza hacia la empresa privada, como si toda inversión representara una amenaza para el interés colectivo. Otros, en cambio, parecen asumir que el mercado puede resolver por sí solo los problemas nacionales. Ambas posturas son insuficientes. El desarrollo de Honduras no puede construirse desde la confrontación permanente entre el Estado y la iniciativa privada.
Las reglas del juego debe establecerlas el Estado, con independencia, capacidad técnica y sin subordinación frente a intereses económicos o político-partidarios. Su obligación es regular, supervisar y garantizar que la actividad privada contribuya al bienestar general. Esto implica promover la inversión y la libre competencia, pero también impedir abusos, proteger a los consumidores y asegurar que los servicios esenciales sean accesibles, dignos y de calidad.
No se trata de privatizar indiscriminadamente ni de convertir al Estado en empresario de todas las actividades. Se trata de construir una relación equilibrada, en la cual lo público funcione y lo privado pueda desarrollarse dentro de reglas claras. La inversión debe generar empleo, innovación y crecimiento, mientras que el Estado debe traducir ese dinamismo económico en políticas de desarrollo social y justicia distributiva.
Honduras necesita una visión dual que comprenda que la inversión y la justicia social no son conceptos incompatibles. Necesitamos proyectos de largo plazo que fortalezcan los servicios públicos y, simultáneamente, generen condiciones para una economía competitiva, abierta y socialmente responsable.
Llevamos demasiados años atrapados en discusiones ideológicas que no resuelven las necesidades cotidianas. Mientras la política continúa debatiendo quién debe controlarlo todo, los servicios de calidad siguen siendo inaccesibles, las instituciones públicas continúan deteriorándose y miles de hondureños abandonan el país, aun conociendo los peligros, restricciones y adversidades que enfrentarán fuera de sus fronteras.
La verdadera discusión no debería ser si Honduras necesita más Estado o más empresa privada. La pregunta correcta es qué tipo de Estado y qué tipo de sector privado necesitamos. La respuesta exige equilibrio, regulación, eficiencia y una visión nacional que coloque, finalmente, la dignidad del pueblo hondureño en el centro.
