En noviembre de 2018, aquel histórico hormiguero de ambiciones que es el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto 156-2018. Este decreto consolidó el Fondo Social Departamental (FSD) como una herramienta que, en el puro papel, buscaba canalizar recursos para el desarrollo local a través de los diputados del Legislativo.
Sin embargo, en la práctica, este fondo ha sido desde su nacimiento una maquinaria clientelar al servicio del poder, un mecanismo opaco de proselitismo disfrazado de asistencia social, y una prueba más de cómo las instituciones en Honduras son instrumentalizadas por quienes gobiernan, independientemente de la bandera que envuelva la silla
presidencial.
El FSD nació durante la administración de Juan Orlando Hernández, en plena glorificación de una narcodictadura consolidada tras unas elecciones fraudulentas en 2017. En lugar de fortalecer las instituciones locales o promover la descentralización real del Estado, este fondo se creó como una vía alterna y discrecional para entregar prebendas, hacer campaña con dinero público y consolidar redes de latrocinio político.
El fondo, lejos de responder a una lógica de desarrollo con enfoque territorial o de planificación participativa, fue entregado a los diputados para “administrarlo” sin controles reales ni auditoría independiente, sin criterios técnicos ni evaluación de impacto. La política pública fue reemplazada por el raterismo de compadres.
El Estado cedió la gestión de recursos públicos a intermediarios políticos, quienes los han utilizado para repartir cemento, techos, becas selectivas y ayudas oportunistas en tiempos electorales, consolidando su base de votantes y reproduciendo la cultura de la mendicidad.
Más allá de esa generación de bandidos y demagogos, llegaron los redentores del socialismo, los libertadores del pueblo tras el cambio de gobierno en 2022. Sin embargo, lejos de desmontar esta estructura corrupta y clientelar, fue reciclada y apropiada por los nuevos actores del poder, reproduciendo los mismos vicios y métodos, pero con un cinismo adulterado.
Hoy, el FSD sigue siendo una piñata que se reparte entre diputados, allegados y operadores políticos. Cambiaron los nombres, los colores y los discursos; los gritos, los pataleos y las corbatas por boinas de guerrillas agazapadas, pero el patrón sigue intacto. Se predica el combate a la corrupción mientras se perpetúan los mecanismos que la alimentan y reeligen a los monstruos que la mantienen.
¿Dónde queda entonces la promesa de cambio? ¿Qué pasó con el discurso de refundación del Estado y la lucha contra el clientelismo? ¿Cómo se puede hablar de transparencia mientras se mantienen estructuras como el Fondo Social Departamental, que están diseñadas para corromper?
El FSD debe ser eliminado, no reformado. Honduras no necesita más fondos manejados discrecionalmente por políticos sin capacidad técnica ni legitimidad social. Necesita fortalecer sus gobiernos locales, profesionalizar la inversión pública y construir ciudadanía, no súbditos que agradecen migajas con la esperanza de una próxima ayuda a cambio del voto en las elecciones. Allí, nuevamente, hablan de participación, pero deciden entre pocos; hablan de soberanía popular, pero actúan como si Honduras les perteneciera; hablan de justicia social, pero se atragantan de privilegios y contratos mientras en las comunidades no hay ni agua potable.
El pueblo no está invitado a esta piñata de impunidad, porque la democracia se ha convertido en un botín reservado a quienes saben rendir pleitesía, a quienes cambian principios por favores, lealtades por puestos, dignidad por cuotas de poder en oficinas alfombradas, donde se reparten ministerios, fondos y licitaciones como confites electorales
