La estrategia del caracol, la obra maestra de Sergio Cabrera, logró precisamente eso. Su historia no es solo la de unos inquilinos que, enfrentados al desalojo, desmontan una vieja casa pieza por pieza hasta dejar únicamente la fachada. Su desenlace quedó inmortalizado con una de las frases más memorables del cine nacional: "Ahí le dejamos su hijueputa casa pintada."
Hoy, 7 de agosto, Colombia presencia otro cambio de inquilinos. Pero esta vez con una particularidad que no es menor: Abelardo de la Espriella se convertirá en el 43.º presidente de la República, rompiendo más de un siglo de tradición. Por primera vez en más de cien años, la posesión no ocurrirá en la Plaza de Bolívar, sino en Cali, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en lo que el mandatario electo ha presentado como el primer gesto concreto de descentralización.
Porque eso son los presidentes en una democracia: inquilinos. Ninguno es propietario de la Casa de Nariño, ni del país. La casa no es del presidente de turno; es de la República y, por tanto, de todos los colombianos, se posesione donde se posesione.
Gustavo Petro fue apenas el inquilino durante cuatro años. La sensación que deja su administración es la de un gobierno que confundió con frecuencia el ejercicio transitorio del poder con la apropiación simbólica de las instituciones. La Casa de Nariño terminó percibiéndose como un lugar cada vez más distante, encerrado tras cierres de vías y fuertes dispositivos de seguridad, mientras distintas informaciones sobre adecuaciones y gastos de la residencia presidencial contrastaban con el discurso de austeridad que acompañó su llegada al poder.
Esa misma inestabilidad marcó al gabinete: por la administración Petro pasaron 58 ministros, una cifra que por sí sola retrata la dificultad del Ejecutivo para sostener un rumbo. Ningún terreno lo ilustra mejor que la política exterior. Colombia cerró el cuatrienio con cuatro cancilleres —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio—, reflejo de una diplomacia sin norte. Lo que debía ser política de Estado se volvió activismo ideologizado: filas interminables para pasaportes, sistemas caídos, atención consular paralizada, mientras la imagen internacional del país se deterioraba entre roces diplomáticos y la pérdida de aliados históricos. Ese costo no lo pagó el gobierno; lo pagaron los millones de colombianos en el exterior que dependían de esa Cancillería para algo tan básico como un documento de viaje.
A ese deterioro institucional se sumó una polarización que convirtió al adversario en enemigo, envenenando el debate público más allá de lo razonable en cualquier democracia.
Toda transición deja problemas; sería ingenuo pensar lo contrario. Lo que corresponde discutir es si son simplemente el resultado natural de gobernar, o si varias decisiones de estos cuatro años contribuyeron a agravarlos. Esa es tarea para historiadores, economistas y ciudadanos, no para consignas.
Que el nuevo inquilino elija empezar en Cali no es un detalle protocolario: es una declaración de intención hacia una Colombia que durante años sintió que la política solo hablaba desde la capital. El gobierno entrante también ha anunciado una visión distinta sobre la Casa de Nariño, con la intención de abrir espacios del palacio a los ciudadanos y fortalecer su carácter como patrimonio histórico e institucional. Si ese propósito se concreta, tendrá valor simbólico: recordará que la residencia presidencial no existe para aislar al gobernante, sino para representar a una nación entera.
La analogía con La estrategia del caracol resulta inevitable. En la película, cuando la casa termina reducida a su fachada, nadie parece hacerse responsable. En la política colombiana ocurre algo parecido: cada gobierno culpa al anterior y el siguiente hereda un nuevo inventario de dificultades.
La gran diferencia es que la casa no pertenece a los gobernantes. Pertenece a los colombianos, se administre desde Bogotá o desde Cali, se negocie con Washington o con Teherán. Cuando Petro entregue las llaves dejará de ser su ocupante, como les ha ocurrido a todos antes que él. Después vendrá el juicio de la historia y, cuando corresponda, el de las instituciones democráticas, con pruebas y dentro del Estado de derecho, no mediante especulaciones.
Quizá la mayor enseñanza de La estrategia del caracol sea esta: que ninguna casa sobrevive si cada inquilino decide desmontarla antes de marcharse. Colombia necesita gobiernos que entreguen una casa más sólida que la que recibieron. Porque los presidentes pasan. Los ciudadanos permanecen. Y la casa, esa que llamamos República de Colombia, nunca ha dejado de pertenecerles a ellos.
@rosenthaaldavid